Gobernanza laboral en el Mundial 2026, el andamiaje detrás del espectáculo

El Mundial de 2026, organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, aparte de la magnitud del entretenimiento y la logística, la organización ha implementado un marco normativo sólido para manejar las complejas relaciones laborales que implica la preparación del torneo. Este sistema garantiza que los derechos laborales se consideren una prioridad central y no un detalle secundario a la competencia.

Para esta edición, la FIFA ha desplegado cuatro instrumentos de gobernanza que buscan estandarizar las condiciones de trabajo en contextos legales diversos, se trata de la Política de Derechos Humanos, adoptada en 2017, establece el compromiso global basado en los principios rectores de Naciones Unidas. Por su parte, el Código de Abastecimiento Sostenible, publicado en 2023, se integra como una cláusula contractualmente vinculante para proveedores y licenciatarios, donde su incumplimiento opera como causal de rescisión de contratos. Un elemento distintivo es el Marco Operativo de Derechos Humanos de 2024, un documento inédito que obliga a las 16 ciudades sede a publicar y ejecutar un plan de acción específico. En el caso de las sedes mexicanas, la publicación de estos planes está proyectada para antes del 11 de mayo de 2026.

A diferencia del precedente en Qatar, donde la infraestructura se edificó desde cero, el Mundial 2026 centra su riesgo laboral en el sector de servicios, hospitalidad y concesiones. No obstante, la fase de remodelación y montaje de infraestructura temporal mantiene una vigilancia activa. La jurisdicción operativa de la FIFA se intensifica durante el "periodo de uso exclusivo del estadio", el cual inicia un mes antes del primer partido y concluye una semana después del último encuentro en cada sede. En la Ciudad de México, este periodo comenzará el 11 de mayo, exactamente un mes antes del partido inaugural programado para el 11 de junio.

Vigilancia externa y mecanismos de remediación

De acuerdo con información de la FIFA, la gestión no queda sujeta únicamente a políticas internas, sino que se han formalizado colaboraciones estratégicas para la auditoría en sitio. El acuerdo con la organización Building and Woodworkers International permite contar con observadores laborales que supervisan la seguridad ocupacional en estadios e infraestructura vinculada.

Complementariamente, la entidad LRQA se encarga de monitorear las condiciones en concesiones de alimentos, bebidas y logística durante los días de partido, emitiendo reportes al finalizar cada jornada para prevenir incidencias recurrentes. Además, la FIFA mantiene un Mecanismo de Remediación público y activo de forma permanente para reportar violaciones a derechos fundamentales, con un equipo especializado que analiza cada caso y sugiere rutas de reparación en un plazo aproximado de 72 horas.

La FIFA tiene pleno conocimiento de que el reto radica, en el caso de México, está en la operatividad de estas reglas en un mercado fragmentado donde el mayor impacto ocurre a través de subcontratistas y proveedores indirectos.

La autoridad y los mecanismos para hacer cumplir los derechos laborales, incluida la exigencia del REPSE (Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Especializados) para la contratación directa, siguen siendo responsabilidad de las instituciones locales. Es crucial reconocer la persistencia de riesgos como punto de partida para gestionar un evento que aspira a generar una mejora tangible y duradera en las relaciones laborales.