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Empresas, ante el reto de la "igualdad real" con la reforma de Igualdad Sustantiva
La reforma, que entró en vigor el pasado 16 de enero, impone a los empleadores la responsabilidad de garantizar paridad no sólo en los reglamentos internos, sino en los hechos y resultados cotidianos.
El mercado laboral en México ha dado un giro definitivo hacia la fiscalización con perspectiva de género. Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Decreto que reforma 17 leyes federales a mediados de enero, incluyendo la Ley Federal del Trabajo (LFT), el concepto de igualdad sustantiva “ha dejado de ser un enunciado aspiracional para convertirse en una obligación operativa y exigible para todos los centros de trabajo”, coincidieron especialistas.
La reforma, que entró en vigor el pasado 16 de enero, impone a los empleadores la responsabilidad de garantizar paridad no sólo en los reglamentos internos, sino en los hechos y resultados cotidianos; “con ello se busca eliminar barreras reales que anulan el ejercicio de derechos de las mujeres, tales como la brecha salarial, el acoso y la segregación por puestos”, dijo Germán de la Garza de Vecchi, Socio Director de Fisher Phillips México
Añadió que la normativa inaugura un ciclo de "litigios de alto impacto". Según el especialista, la ausencia de políticas documentadas y mecanismos de control será interpretada por tribunales como una "falla estructural de prevención".
"La igualdad deja de ser un principio de buenas prácticas para convertirse en una obligación operativa, medible y sancionable. El incumplimiento ya no se agota en multas; puede derivar en responsabilidad patronal agravada en casos de acoso o discriminación", detalló De la Garza.
El experto destacó que el énfasis en el blindaje salarial abre la puerta a inspecciones focalizadas sobre prácticas retributivas, lo que podría detonar demandas colectivas que busquen sentar precedentes judiciales en la materia.
De las políticas "de papel" a los controles verificables
Por su parte, el análisis de la firma Guaida y Asociados subraya que la reforma eleva el estándar de "trabajo digno", exigiendo que las relaciones laborales se desarrollen en entornos libres de violencia desde una óptica de derechos humanos.
Los abogados de la firma sostienen que el mensaje regulatorio es contundente: "No basta con la intención de no discriminar; ahora es obligatoria una gestión preventiva, activa y permanente". Entre las obligaciones mínimas que las empresas deberán acreditar con evidencia documental destacan: capacitación periódica, no eventual, dirigida a todos los niveles de la organización; protocolos de investigación y canales de queja accesibles, con reglas de confidencialidad y medidas de protección claras.
Además, auditoría salarial: realizar análisis de equidad para justificar objetivamente cualquier diferencia en las remuneraciones y sanción efectiva: documentar consecuencias proporcionales para evitar la impunidad interna.
