Certificado Velagro no es suficiente: advierten persistente precariedad laboral en agroexportación

Frente al avance del Plan Piloto de la plataforma Velagro, impulsado por el gobierno federal para regular la cadena de exportación agrícola en el país, Víctor Manuel Mendoza Pantoja, secretario general de la Confederación Central Nacional (COCENA), señaló la necesidad de atender áreas de oportunidad en el mecanismo, indicando que se requiere vigilar la realidad operativa de las prácticas en el sector para erradicar de origen la precariedad laboral y la informalidad en la cadena de suministro agroexportadora.

En septiembre de 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicará los Lineamientos Operativos oficiales del programa. Esta regulación precisará la vigencia formal del certificado y su obligatoriedad por cada embarque destinado a los mercados internacionales.

Tras su aplicación inicial en la industria del aguacate, la autoridad proyecta extender paulatinamente la cobertura de la plataforma a otros cultivos prioritarios como las berries, el plátano y el mango, hasta abarcar toda la cadena agroindustrial.

El dirigente de la organización cuestionó la efectividad del modelo de certificación frente a la dimensión real del problema en el campo, señalando que la validación enfocada únicamente en cruces de datos informáticos con la seguridad social resulta insuficiente si no se contrasta con la realidad en el terreno para asegurar un trabajo digno y resolver la problemática estructural en los huertos.

Ante este panorama, Mendoza Pantoja planteó que mediante el sistema Velagro deben vigilarse de cerca prácticas como la subcontratación en cuadrillas de corte, la omisión de equipo de protección personal, los esquemas de simulación salarial por parte de sindicatos de protección o el uso de listas negras en departamentos de recursos humanos para vetar a trabajadores que ejercen la libertad sindical.

La representación sindical sostiene que realizar estos ajustes en la certificación es un paso indispensable de cara a los compromisos internacionales de México y en el marco del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde la supervisión efectiva de los derechos laborales será un punto central de evaluación.

Asimismo, reiteró que la verificación puramente administrativa debe reforzarse con una inspección directa en las zonas de cultivo, por lo que es fundamental evitar que el trámite quede reducido a un requisito burocrático que alinee criterios de exportación sin transformar las condiciones de vida de las familias jornaleras ni ofrecer garantías ante los retos de seguridad de la región.

Como muestra de la problemática, citó datos del sector donde se estima que, de una plantilla necesaria superior a los 200,000 trabajadores en la cadena de empaque, procesamiento y corte de aguacate, únicamente cerca de 57,000 cuentan con registro formal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto deja a más de 140,000 jornaleros y cortadores en la informalidad, carentes de contratos, prestaciones de ley o seguridad social.

A la falta de formalización laboral se suman condiciones de trabajo de alto riesgo. Las cuadrillas de corte operan habitualmente expuestas a volcaduras en vehículos de transporte desprovistos de mantenimiento, así como a accidentes de trabajo graves durante la cosecha, como descargas eléctricas por el uso de herramientas metálicas cerca de cableado o caídas con fracturas incapacitantes que carecen de cobertura médica institucional, indicó.

Cabe señalar que recientemente el sector aguacatero ha enfrentado episodios de suspensión temporal de exportaciones hacia Estados Unidos debido a incidentes de inseguridad y riesgos para el personal de inspección en las zonas de producción.

“Estos frenos al comercio internacional ponen de manifiesto la inestabilidad que atraviesan tanto la cadena de suministro como los trabajadores en las huertas”, apuntó.