La participación de México como firmante del Acuerdo de París en el 2015 comprometió diversas acciones para reducir las emisiones de carbono particularmente en el sector energético, mismas que incluyeron el compromiso de llegar a 35% de la generación de energía mediante fuentes limpias en el 2024.

Tras la ratificación de esta obligación en la Ley de Transición Energética, comenzaron diversas acciones que incluyeron el desmantelamiento de plantas fósiles antiguas y la ejecución de subastas para que el gobierno apalancara las inversiones en energías renovables, mismas que a decir de la presente administración resultaban en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por lo que fueron canceladas sin que a casi año y medio de gobierno exista un plan alterno para llegar a estas metas.

Hasta donde consigna el último Reporte de Avance de Energías Limpias, publicado en el 2018, el país tuvo una generación de limpia de 40,499 gigawatts por hora, con un incremento anual de 22% en comparación con el año anterior.

En términos de capacidad, se llegó a 24,092 megawatts instalados con plantas hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, geotérmicas, de biomasa y la central nuclear de Laguna Verde de la CFE, que son las que no emiten dióxido de carbono y, por tanto, no impactan al calentamiento global.

Con lo anterior, la generación mediante fósiles o plantas que requieren de combustibles fue de 75.8%, con lo que las energías limpias constituyeron 24.1% de la generación nacional. El mayor incremento observó en la generación eólica y fotovoltaica, que junto con la geotermia y la biomasa son las consideradas renovables, ya que no cuentan con externalidades ambientales o sociales y seguirán existiendo aún después de la humanidad.

Así, la generación eléctrica mediante energías renovables se situó en 17.3% del total, mientras que con otras fuentes consideradas limpias, como la nuclear y la hidroeléctrica, se generó 6.8% de la energía del país.

Y es que gracias a las tres subastas realizadas en el 2015, el 2016 y el 2017 se comprometieron 9,000 millones de dólares en los próximos cinco años en la construcción o ampliación de capacidad de 70 nuevas centrales eléctricas solares y fotovoltaicas principalmente, con la instalación de 7,600 megawatts por parte de 42 participantes en 19 estados de la República.

Con precios que llegaron a 21.34 dólares en el caso de los paquetes de energía y Certificados de Energía Limpia (CEL) de la energía solar y a 18.48 dólares en los proyectos fotovoltaicos, México se convirtió entonces en el segundo país con precios más bajos en este tipo de tecnologías para la generación eléctrica, después de Arabia Saudita. Pero a su llegada, en diciembre del 2018, la actual administración suspendió el cuarto proceso de este tipo, en el que incluso cinco compradores distintos a la CFE buscaban adquirir aproximadamente 30% de la generación que buscaría la estatal eléctrica en el proceso de compra.

A la par de la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo, la actual administración canceló los dos proyectos de transmisión eléctrica más grandes en la historia del país: las líneas de corriente directa en alta tensión (HVDC, por su sigla en inglés) que llevarían energía del Istmo de Tehuantepec al centro del país y que interconectarían a la península de Baja California con el resto del país y que en conjunto implicaban inversiones de 2,300 millones de dólares.

 

 

Las modificaciones regulatorias, la cancelación de subastas gubernamentales y falta de definiciones sobre políticas públicas respecto al futuro de las energías limpias y la transición energética han reducido la competitividad de México en inversiones para energías renovables y puede frenar el crecimiento sostenido que había tenido el país en este ámbito, han lamentado representantes de la industria renovable a nivel global.

Por ejemplo, el país cayó del lugar 19 al 24 en el ranking de países más atractivos para inversiones en energía renovable de EY en el último semestre. En tanto, países como Vietnam y Portugal modificaron regulaciones para acelerar la llegada de capitales.

“Se calcula que en los próximos 20 años se invertirán entre 8,000 y 13,000 millones de dólares sólo en instalaciones eólicas por el mundo”, dijo en su visita a México Gavin Rennie, líder asociado para América del Norte en Instalaciones Energéticas de EY, “para competir por este capital, México deberá seguir desarrollando política públicas que le permitan seguir compitiendo”.

El Plan Nacional de Infraestructura que incluye la participación de privados excluyó el tema energético y aunque se anunció desde diciembre del 2019 que a más tardar en febrero se daría a conocer el capítulo del sector, con cerca de 137 proyectos que requerirán de inversión privada en temas como la generación eléctrica renovable, transporte y almacenamiento de petrolíferos, principalmente, por un valor entre 97,000 y 100,000 millones de pesos, el plan no se ha presentado, por lo que a pesar de la rentabilidad de los proyectos renovables que se siguen instalando en México, existe incertidumbre sobre el cumplimiento de las metas de transición energética del país.

Por lo pronto, el Poder Judicial frenó un intento de la Secretaría de Energía de modificar las reglas de los CEL, que le abrían la puerta a la CFE al mercado de energías limpias utilizando para ello sus centrales hidroeléctricas viejas, cuando las reglas de la reforma energética reservaban el mercado a los operadores que hicieran nuevas inversiones para instalar capacidad. Este intento de cambiar las reglas del juego, aun no conjurado, introdujo incertidumbre entre los participantes del mercado.

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