El Acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) establece que, para la importación de autos usados sin arancel, también se deberá cumplir con 75% de contenido regional de la regla de origen automotriz, afirmó Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Esto podría frenar el paso de “basura” automotriz a México; sin embargo, ya están en puerta varias iniciativas legislativas para flexibilizar el ingreso y legalizar vehículos “chatarra” estadounidenses, lo que atentaría contra la producción y los empleos de la industria, alertó Rosales Zárate.

Actualmente rige un decreto automotor que normalizó el ingreso de autos usados y controló la “basura” automotriz procedente de Estados Unidos a México, pero éste vence en marzo del 2019, factor que se sumará a la liberación de aranceles para este sector como lo establece el TLCAN, de modo que la industria teme la inundación de vehículos en mal estado e impacte al mercado interno, como sucedió hace 10 años cuando alcanzó una importación de 1 millón 121,000 unidades contra 700,000 vendidos por la industria.

Recordó que en la administración de Vicente Fox se emitió un decreto para abrir la frontera a todas las unidades usadas, sin control ni revisión físico-mecánica ni ambiental, lo que derivó en una caída de 30% en las ventas de autos nuevos en el país.

Del año 2005 al 2018 han ingresado 7 millones 821,000 unidades “chocolate”, que equivalen a 22% de los ligeros en circulación.

“La responsabilidad política de mantener una industria automotriz en condiciones favorables desde las decisiones internas corresponde a Andrés Manuel López Obrador, más cuando se tiene un Congreso con mayoría absoluta, donde Morena es el partido del Ejecutivo”, pugnó Rosales.

El director de la AMDA dijo que todo efecto negativo y daño para la industria automotriz será responsabilidad del presidente de la República, ya que “si éste no está convencido de limitar la basura automotriz, no tendremos éxito, por eso hemos apelado en el periodo de transición, la AMIA, la INA, AMDA y ANPACT, de mantener políticas públicas que favorezcan el mercado interno automotor”.

La senadora del PRI Sylvana Beltrones (hija de Manlio Fabio Beltrones) presentó una iniciativa para realizar un programa de regularización de automóviles usados importados, para el cual se concede el plazo de un año para que los vehículos de procedencia extranjera que se encuentren en territorio nacional de forma irregular puedan regularizarse, así como se otorgue estímulos fiscales, subsidios y facilidades para dicha regularización.

El ingreso de autos usados en mal estado (que no cumplen con la regla de origen de 62.5% originarios de la región TLCAN, chocados, sin verificación y con papeles doblados) afectará la producción de vehículos —que registra récord—, la venta de unidades nuevas y por ende menores empleos.

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