Fue un total de 577 empresas el que mostró interés en participar en la compra consolidada convocada por el gobierno para surtir medicamentos y otros insumos de salud al sector salud en el segundo semestre, pero al final sólo 277 presentaron propuesta de precio.

Eso significa que 300 empresas únicamente entraron a ver y a la mera hora decidieron no presentar postura de precio. Igualmente otras presentaron propuesta pero sólo de una o dos claves, quizá para probar qué tan factible verdaderamente es obtener esa proveeduría.

Esto es de acuerdo con datos obtenidos entre representantes de la industria, ya que las autoridades de Salud y Hacienda no emitieron alguna comunicación al respecto, luego de que se llevaron todo el día bajando de la plataforma Compranet las propuestas presentadas.

Según Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), se estaban revisando y descargando las propuestas y al medio día sólo se tenía aperturada menos de la mitad de las mismas.

“Están tratando de terminar el mismo día, para ver cuándo pueden emitir el fallo, no sabemos si se puede ir hasta la próxima semana”, señaló el directivo de la Amelaf.

La gran incógnita que sigue abierta entre los interesados es en cuanto al margen de tiempo que definirá la autoridad para empezar a surtir, porque originalmente se mencionaba que serán cinco días después del fallo, pero ya se hablaba de que pudieran ser 10 días. Esto es que la empresa ganadora de cada clave de medicamento tendría 10 días para empezar a entregar los fármacos en los puntos acordados. Pero todo ello se basa en rumores entre el sector porque la autoridad no ha informado oficialmente al respecto.

Se entiende que, tras la presentación de propuestas, habrá ofertas subsecuentes de descuento, así que el proceso aún tardará.

Sobre el día en que será el fallo igualmente hay incertidumbre, aunque se prevé que pudiera ser el próximo viernes.

Pero al mismo tiempo también están por emitirse las bases para el proceso mediante el que se definirá la distribución que, conforme informó la oficial mayor Raquel Buenrostro, será bajo una subasta en línea de similar manera a como se hizo la compra de antirretrovirales.

Para Villafranca, el verdadero reto será “empatar la fecha de entrega, que no se sabe cuándo será con el esquema de distribución que aún no se tiene; creemos que se tendrá que hacer muy rápida la asignación, quizá directa, no dará tiempo para realizar una licitación que permita empatar la distribución”.

Esperan licitación 25 estados

Ya hay 25 entidades de la República Mexicana que esperan el medicamento que está por adquirir el gobierno federal, a través de la licitación pública No. LA-012000991-E82-2019 que emitió la Secretaría de Salud el pasado 11 de junio, y de la que se tiene como fecha probable para el fallo el próximo 28 de junio.

Los estados que están fuera de esta primera licitación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son: Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas.

La oficial mayor de Hacienda Raquel Buenrostro informó que este proceso intermedio de adquisición de material quirúrgico y medicamentos es fundamentalmente para “apoyar a las entidades federativas”, debido a que tienen adeudos millonarios, pues por más de seis años, no se realizaron los pagos correspondientes.

“En el caso de las entidades federativas, sí son claves adicionales que se están sumando, son 25 entidades en total que no habían pedido medicamentos, y el apoyo del gobierno federal es salir a buscar, por un lado, la credibilidad de la industria para el abasto, y por el otro, ayudarlos a conseguir mejores precios”.

De tal manera que los recursos públicos ya no serán manejados por los estados, sino que se concentrarán en el Seguro Popular, que será el encargado de realizar el pago directo a los laboratorios, “lo que ayudará mejorar la credibilidad”. El monto de la licitación para el segundo semestre del año es de 17,000 millones de pesos.

Cabe destacar que este miércoles están citados los proveedores a la oficialía Mayor de Hacienda para presentarles el proceso de la distribución de medicamentos y material de curación que aplicará, por separado pero sincronizado, el gobierno federal.

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