El titular de la Dirección General de Autotransporte Federal, Adrián del Mazo, presentará esta semana al sector empresarial el nuevo andamiaje regulatorio que sustentará la colocación de arcos de pesaje y medición, como parte de las acciones a implementar por el gobierno federal para procurar la seguridad vial en la red carretera.

Sin ofrecer mayores detalles, dijo que los primeros arcos, de 60 programados, se instalarán durante el primer trimestre, abarcarán tres carriles y su costo oscilará entre 15,000 y 25,000 pesos.

Tenemos un paquete normativo que incluye cuatro reglamentos y diversos acuerdos para poder incorporar nuevas tecnologías. Los arcos se colocarán en vías federales. Pasará la unidad y nos darán la información de peso, velocidad y dimensión. También se tomará fotografías de placas delantera y trasera, lo que nos ayudará a supervisar y sancionar , comentó.

Este martes el funcionario participó en un foro realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con motivo de una serie de recomendaciones que hizo a México para mejorar el sector de transporte en sus diferentes aspectos. El organismo consideró en su documento que se han logrado avances pero se tiene uno de los récords más bajos en seguridad carretera de los países de la OCDE, en términos de fallecimientos y lesiones graves per cápita, por las diferentes configuraciones vehiculares.

¿Quién los pagará?

Luego de los accidentes en los que se involucraron a los doble remolque y ante diversas peticiones de sacarlos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) organizó un foro de consulta en el Senado y entre las recomendaciones que salieron de ahí se encuentran:

Obligar a los doble remolque al uso de sistemas de gobernador de velocidad que impidan el desplazamiento a más de 80 km por hora e instalar arcos electrónicos en los principales ejes carreteros donde circulen las modalidades del transporte de carga para medir peso, dimensiones y velocidad de vehículos en movimiento . Sin embargo, ante las restricciones presupuestales y para seguir con la implementación, se evalúa la participación del sector empresarial, mediante Asociación Público-Privada o con la participación de concesionarias de autopistas. En el segundo caso, afirma Del Mazo, el incentivo que tienen es un menor desgaste en su infraestructura; asimismo, descartó que su inversión sea a cambio de incrementar tarifas o ampliar tiempos de concesión y que vayan a tener una participación por cada multa que emitan los arcos.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx