El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es un órgano que entre sus funciones de regular y vigilar las industrias de radio, televisión e Internet, entre otros, también sanciona y amonesta a actores que hayan incumplido con preceptos establecidos en sus títulos de concesión o que hayan incurrido en acciones de mercado que lastimen al consumidor.

De entre las sanciones económicas más sonadas impuestas por el IFT, destacan las megamultas a las empresas del grupo América Móvil, como aquella de diciembre de 2018 contra Telmex por 2,543 millones de pesos y otra a Telnor, en 2020, por 1,387 millones de pesos. La multa por cerca de 12,000 millones de pesos impuesta a Telcel por la desaparecida Comisión Federal de Competencia (CFC) es legendaria por su monto, su proceso y tiempo de recorrido por distintas instancias y la manera en como concluyó, en el mismo IFT. La multa por más de 620 millones de pesos que se le impuso a Cementos Apasco por usar ilegalmente bandas, también causó polémica.

Pero existen otros sancionados por el regulador que son de menor escala y en más de una ocasión no han sido multados por una acción contraria al mercado y al consumidor, como pudiera ser por un repentino cambio de los precios en la prestación del servicio al usuario y sin previo aviso, sino por omisiones y porque no cuentan con un asesoramiento de gente capacitada en tramitologías que los guíen en ese tipo de procesos; incluso, porque desconocen cómo llevar procedimientos de registro de tarifas de contrato ante la autoridad.

También han sido sancionados por presentar a destiempo información básica de su razón social o porque desconocen que para prestar un cierto servicio al consumidor, necesitan primero un título de concesión respectivo, de donde derivan las concesiones de red pública, de espectro o las concesiones únicas.

Son pocos los actores que han sido multados por lo que puede considerarse un incumplimiento grave, como por ejemplo utilizar bandas radioeléctricas para transmitir radio sin la autorización necesaria o por negarse a retransmitir señales de televisión pública.

En el primer trimestre del 2020, de lo que ahora es público, el regulador registró que sancionó a una treintena de actores de telecomunicaciones y radiodifusión, y para después de abril de ese año, existen otros 19 actores con sanciones que están por hacer públicas.

De entre los primeros, resalta que más de la mitad de los sancionados fueron por prestar algún tipo de servicio, principalmente Internet, sin contar con un título de concesión única. Algunos de estos operadores se encuentran en zonas geográficas en las que no existen otras compañías de alcance nacional y ofrecen Internet con una velocidad promedio de 10 megas, por lo que no fueron multados por ofrecer un servicio deficiente.

En otros casos, las sanciones o amonestaciones fueron por transmitir radio sin la concesión debida, pero donde no había otro radiodifusor con cobertura allí y entonces se procedió a recuperar los equipos transmisores, y cuando se pudo demostrar la transmisión desde un lugar con propietario conocido, se impuso una multa económica.

Algunas de las sanciones se impusieron en 2019, pero fueron registradas en el primer trimestre del 2020 y salvo una empresa que es filial de un grupo radiodifusor nacional, el resto fueron pequeños concesionarios  muy locales de radio u operadores que prestan el servicio de Internet en una comunidad determinada.

La multa con el menor monto registrado fue por 666 pesos y para un operador que vendía Internet sin la concesión única necesaria. La siguiente multa menor fue por 939 pesos, para una empresa de telecomunicaciones que presentó un mes tarde los montos de tarifas y promociones que ofrecía al público.

Pero también sobresale una multa de medio millón de pesos, 528,768.20 pesos, para un operador inalámbrico de Internet que fue multado por usar espectro sin permiso; otra multa en el mismo campo fue por 322,400 pesos para un tercer operador. Este operador atiende un mercado a donde llegan poco con su red los grandes del sector. Otro operador, con presencia en Querétaro y Coahuila, fue sancionado con alrededor 1.2 millones de pesos después de no contar con un título de concesión única para vender Internet y tras la multa, se apuró en tramitar esa autorización que ahora está en sus manos.

Entre los sancionados existe un radiodifusor que se encuentra en lo profundo de Yucatán y fue multado con 58,479 pesos por no presentar a tiempo la estructura accionaria de su compañía para el periodo 2015 y 2016. Más cerca de la capital, en Michoacán, otro radiodifusor fue multado con 2,433 pesos porque tampoco informó su estructura accionaria en 2017.

Un operador fue multado con 167,538 pesos por no presentar una descripción de sus servicios de Internet. Una operadora local de televisión fue amonestada porque presentó tardíamente información para integrar las revisiones bienales del agente económico preponderante de radiodifusión. La operadora argumentó que aún desconocía cómo presentar la información.

Inclusive, el gobierno del estado de Oaxaca fue amonestado por no presentar a tiempo la información de la estructura de un canal.

Hubo una empresa que se negó a retransmitir el canal cultural 22.2 digital y fue multada con 31,900 pesos. En 2019, un operador nacional libró una multa de 3 millones de pesos por negarse a retransmitir el canal Once Niños y Niñas. Una particular también fue sancionada con 226,470 pesos por no presentar información de quienes en su oportunidad solicitaron información para contratar pauta para promocionar servicios de telecomunicaciones.

De los otros 19 actores que también fueron sancionados de alguna manera, se conoce que ocho son operadores de radiodifusión y el resto de telecomunicaciones.

Entre julio y septiembre del 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones atrajo para el erario un total de 1,584.74 millones de pesos por su trabajo regulatorio, que también incluye el establecimiento de contraprestaciones por concesiones y las sanciones económicas.