La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo en revisión, en el que determinó que Petróleos Mexicanos (Pemex) debe reconocer los derechos de familiares de trabajadores de la empresa Conservación de Pilotes de Control que murieron durante la explosión ocurrida en la Torre B2 en enero de 2013.

De esta forma, la paraestatal debe indemnizar a los deudos, aunque los trabajadores no eran empleados directos de Pemex, sino de esa empresa contratista.

En el proyecto de sentencia, el ministro Alberto Pérez Dayán especificó las obligaciones de la empresa productiva del Estado para indemnizar a los familiares de las víctimas bajo el principio jurídico de responsabilidad patrimonial del Estado.

Precisó asimismo que los familiares aportaron los elementos suficientes para demostrar su parentesco con las personas que fallecieron a causa de la presunta actividad irregular del Estado.

Por tanto, determinó el alto tribunal, cuentan con la legitimación necesaria para reclamar una indemnización en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

A los familiares de los trabajadores la empresa les ofreció una indemnización de 140 mil pesos, por eso buscaron mediante un juicio de amparo que Pemex respondiera por la pérdida de sus seres queridos.