Las concesiones de espectro por un ancho de banda de 30 MHz entregadas en 1998 a Servicios de Acceso Inalámbrico, el brazo de telecomunicaciones del Grupo Hermes, se encuentran en la última etapa de su proceso de renovación de vigencia ante el regulador IFT, confirmó un reporte financiero de Grupo Telefónica, que en 2017 se hizo con los derechos y obligaciones de esas frecuencias luego de un pacto comercial con SAI.  

Movistar, la operación mexicana de Telefónica, formalizó con SAI el 7 de marzo de 2017 un acuerdo de traspaso de esas señales que forman parte de la banda de 1.9 GHz o PCS, con cobertura en cinco estados del sur-sureste de la República y originalmente otorgadas para servicios inalámbricos fijo/móvil de voz, pero que gracias al desarrollo tecnológico ahora también pueden ser explotadas de modo más eficiente en transmisión de datos móviles 4G y lo que posteriormente permita la evolución de la tecnología.

Previamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) había aprobado el 21 de diciembre del 2016 la cesión de las obligaciones y derechos de explotación de esos 30 MHz en la banda de 1.9 GHz, en favor de Movistar.

La cobertura de las frecuencias alcanza a los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz y el interés de Telefónica por explotarlas deriva de una estrategia de concentrar buena parte de sus planes 4G en la banda de 1.9 GHz, de ahí el otro traspaso de frecuencias realizado con AT&T a finales del 2015 entre las bandas de 1.7/2.1 por más de la 1900 MHz.

Telefónica es hoy el operador con la menor tenencia espectral para servicios móviles comerciales en México. Su cartera aglutina 59.3 MHz en la banda de PCS y 4.51 MHz en la banda de los 850 MHz, un total de 63.85 megahercios que equivalen al 10.67% de todas las frecuencias actualmente disponibles en el mercado móvil mexicano.

El traspaso del 2017 con SAI costó a Telefónica 4 millones de euros, 82 millones de pesos de entonces. Ahora, para mantener bajo su control a estas frecuencias, Movistar debe considerar otros desembolsos en pagos derechos que se sumarán a los que ya debe ir concretando por las frecuencias que fueron de AT&T (antes de Iusacell) y por las ganadas en 1998 por su filial Pegaso PCS, todo en momentos en que este operador se encuentra presionado en sus estados financieros como resultado de la aguerrida competencia del mercado móvil mexicano y por ser señalado como uno de los dos tiradores de la licitación IFT-7 de espectro en la 2.5 GHz.

“El 7 de marzo de 2017, Pegaso PCS celebró un acuerdo mediante el cual Servicios de Acceso Inalámbricos asignó a Pegaso PCS todos los derechos y obligaciones derivados de su concesión a la banda de 1900 MHz, con un ancho de banda total de 30 MHz para proporcionar servicios inalámbricos fijos y móviles en la Región 8. Actualmente, la concesión está en el proceso del término de la renovación”, dijo Telefónica en un reporte a la SEC de los Estados Unidos.

Grupo Telefónica enfrenta retos técnicos y financieros para mantener competitiva a su operación en México. Su nivel de inversión entre 2016 y 2017 se mantuvo entre 219 y 2017 millones de euros, respectivamente; de 4,517 millones de pesos en 2016 y de 4,661 millones en 2017, según los tipos de cambio promedio peso-euro para esos dos años. Y su margen OIBDA se elevó de 21.9% en 2016, a 22.6% en 2017. 

SAI, el otro concesionario de las telecom móviles

Servicios de Acceso Inalámbricos consiguió en 1998 los derechos para explotar dos bloques de 15 MHz de espectro en la banda de 1.9 GHz, a cambio de pagar una contraprestación de 20 millones 160,000 pesos de entonces, más los impuestos generados. La concesión tenía vigencia al 2018 y derivó de una licitación de junio de 1997 en que se subastaron 113 bloques de frecuencias en esa banda y en la que participó prácticamente toda la industria.

La desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones desconoció la existencia de operaciones sobre el espectro radioeléctrico asignado a SAI.  Su sucesor, el IFT, consintió el acuerdo Movistar-SAI, 22 meses antes del vencimiento de los permisos de explotación, que ocurrirá el 7 de octubre de 2018.

El IFT determinó después, el 15 de marzo del 2017, revocar la concesión de red pública de telecomunicaciones de SAI con la que esa empresa podía prestar servicios; esto, después de una serie de incumplimientos sobre los criterios fijados en sus títulos de concesión. 

En esa fecha, el regulador definió multar con poco más de 365,000 pesos a la compañía y el hecho se inscribió en los anales del IFT el 2 de octubre del 2017.