Desde el arranque de las campañas, la relación entre el sector empresarial con algunos de los candidatos a la Presidencia de México quedó marcada por los desencuentros y agravios, por presiones y hasta acusaciones de orientar el voto entre los empleados de las empresas; no obstante, a días de efectuarse la elección del 1 de julio prevalece el compromiso mutuo de colaboración entre los empresarios con quien sea que llegue a encabezar el ejecutivo federal los próximos seis años.

Aunque Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), constantemente reiteraba que no tenían un candidato ni partido rumbo a las elecciones del 1 de julio, los “encontronazos” con el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fueron evidentes y directos, luego de que éste tildara a ciertos empresarios de “traficantes de influencias”.

Por tercera ocasión, a AMLO no le alcanzó el tiempo para poder reunirse con el CCE, quien le presentaría la agenda del futuro de México, pero tampoco Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, acudió con este gremio de empresarios para firmar y mucho menos para comprometerse con las demandas en distintas materias, en caso de que llegara a ganar la elección.

Los reclamos de la Iniciativa Privada hacia los candidatos, conforme avanzaban las campañas, fueron la falta de propuestas serias y cómo llevarían a cabo sus promesas. A dos meses antes del cierre de campaña, grandes empresarios entre los que destacan José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA; José Ramón Elizondo, presidente de Grupo Vasconia; Héctor Hernández-Pons, director general de Herdez; además del dueño de Palacio de Hierro, entre otros, se pronunciaron en contra de las propuestas de AMLO, ante un posible regreso al populismo. Los empresarios argumentaron que simplemente fue un derecho de expresar, más no de influir, para que sus trabajadores razonaran su voto.

Más tarde, surgió el rumor de que los empresarios habían presionado para que tanto el candidato del PRI, José Antonio Meade, y la entonces candidata independiente, Margarita Zavala, declinaran a favor de Ricardo Anaya.

A lo que de inmediato respondió Juan Pablo Castañón: “Nosotros no influimos en decisiones internas de las campañas”.

“Lo que sí hacemos es decir lo que nos parece y lo que no nos parece, las propuestas políticas públicas que encontramos que son en beneficio del país las aplaudimos y aquellas con las que no coincidimos y que creemos que van en contra de la libertad de emprender y de la generación de empleo las tenemos que señalar”, dijo el presidente del CCE.

La Coparmex presentó una encuesta sobre preferencias electorales, en la que daba a AMLO una ventaja de 20 puntos respecto a su competidor más cercano. El reclamo llegó cuando se filtró que dicha consulta que aplicó el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) tenía dos versiones: la primera colocaba a Anaya en segundo lugar de las preferencias y una segunda versión posicionaba a Meade, con cuatro puntos arriba del blanquiazul.

Alejandro Ramírez, presidente del CMN, respondió que las encuestas realizadas sobre el proceso electoral y otros temas son para consumo interno de sus miembros. A unos días de la recta final de las campañas, AMLO se reconcilió con el empresariado mexicano y se comprometió a “un acuerdo” en caso de ganar la elección. “Vamos a tener una relación de cooperación entre sector privado y público”, garantizó el candidato izquierdista.

Mientras que la Iniciativa Privada reiteró que respetarán y trabajarán de la mano con quien resulte ganador de la contienda electoral en beneficio del país y de los mexicanos.

lgonzalez@eleconomista.mx