En la Iniciativa Privada del sector salud existe preocupación por el rezago en trámites que arrastra desde el cambio de gobierno la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que su agilización es una de las principales demandas sectoriales al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta inquietud fue planteada la semana pasada por representantes empresariales en una reunión de trabajo con miembros de alto nivel de la Oficina de la Presidencia de la República, que dirige Alfonso Romo.

Se trató de una de las mesas de trabajo entre el gobierno y empresarios en el marco de los trabajos del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico (Cofinece). En particular, la mesa es la del Grupo de Regulación Sanitaria.

En ésta los representantes empresariales expusieron que enfrentan lentitud para el otorgamiento de registros y sobrerregulación y se quejaron del “otorgamiento de claves farmacéuticas internacionales con prácticas desleales”.

Lo anterior, de acuerdo con lo descrito por fuentes empresariales que participaron en la reunión que fue convocada por Roberto Ortega Lomelín, subjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien además será el interlocutor de Alfonso Romo para los temas relacionados con la industria de la salud.

Por el sector privado, asistieron directivos empresariales como Patrick Devlyn, de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Arturo Morales, de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), Rafael Gual, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Javier Moctezuma, del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica (Cetifarma) y Pedro Hoth, de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), entre otros.

En días pasados, Arturo Morales, de la Amelaf, refirió a El Economista que la Cofepris había expresado su compromiso para otorgar en 60 días registros sanitarios de fármacos genéricos preautorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fabricantes extranjeros, lo cual, dijo, “está muy bien, pero el mismo trato quisiéramos recibir nosotros (los mexicanos)”, pues, lamentó, este trámite puede tomarles a ellos hasta dos años en algunos casos.

Por su parte, el gobierno expresó a la industria su preocupación por los litigios en patentes que retrasan la entrada de genéricos, su deseo de observar una competencia más intensa entre los distribuidores y evitar la concentración de mercados.

También, la necesidad de tener un comportamiento ético, la implementación de una mayor protección de datos, una mayor coordinación para mejorar la farmacovigilancia y el desistimiento de trámites que ya no sean de interés de la industria.

Consultorios de farmacia

Mención aparte tuvo la inquietud gubernamental para mejorar la regulación de los consultorios adyacentes a las farmacias (CAF), tema sobre el cual la industria expresó su acuerdo en desarrollar una certificación de calidad.

Se trata de un tema de primera importancia, según se dijo en la reunión, pues se estima la existencia de 12,500 CAF en México que dan más de 180,000 consultas al día, lo que significaría que ya superaron el volumen de consultas médicas otorgadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que da ese número de consultas justamente.

Dado que a nivel nacional hay 18,000 farmacias, ello significa que la mayoría ya opera con consultorio médico adyacente, ello sin considerar que existen casos en los que hay más de un consultorio por farmacia.

Los miembros de la industria expresaron que en la reunión se habló de la disposición de la iniciativa privada de que los CAF y sus médicos se sumen para replicar los programas del gobierno.

Igualmente, se puso sobre la mesa la posibilidad de generar una plataforma donde se integren los expedientes de los usuarios de los CAF, para dar mejor atención y mayor seguimiento a la historia clínica de los pacientes.

La próxima reunión de la mesa de trabajo se agendó para el próximo 15 de agosto.

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