El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano del Estado mexicano que administra y vigila la explotación del espectro radioeléctrico en distintos servicios como televisión, radio, telefonía e Internet, acudió al Senado con tres propuestas para redefinir la carga impositiva que anualmente se establece para las empresas concesionarias por el uso de bandas radioeléctricas.

La actual política de recaudación fiscal que mantiene el gobierno mexicano de la 4T y que viene de los gobiernos panistas y priistas ha provocado en los últimos veinte años que se ralentice el crecimiento de las redes celulares porque su ampliación hacia zonas rurales ha dejado de ser rentable; y que empresas regionales de menor músculo financiero no puedan acceder a bandas radioeléctricas y que además otras marcas de alcance nacional estén ahora mismo retornando espectro al Estado por lo costoso que es pagar aquí por su tenencia y explotación, porque esos cobros ya estaban presionando los estados financieros de una compañía en particular.

La Secretaría de Hacienda es la autoridad que tasa el valor del espectro en México, en cuanto los pagos anuales por su uso y el Congreso de la Unión es quien define cada año en la Ley Federal de Derechos (LFD) cuánto dinero se debe cobrar por cada frecuencia en uso.

México, según la organización y los criterios de medición que se utilicen, resulta ser el primer o segundo país de América Latina que más caro cobra por la explotación de frecuencias radioeléctricas en servicios de telecomunicaciones, sobre todo Internet y telefonía celular.

Como ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció en 2019 que del dinero total que las empresas pagan al Estado por usar espectro en México, entre el 70 y el 92% corresponde solamente a los pagos anuales por dicho uso. La contraprestación o “guante” que pagan las empresas por adjudicarse las frecuencias al momento de los concursos de licitación supone entonces menos de un tercio de toda la inversión que deben hacer por tener el derecho de uso y la infraestructura que todavía deben construir.

Esto lo ha venido advirtiendo el IFT desde su origen en el año 2013. Ahora, en 2021, esa autoridad vio el naufragio de su más reciente concurso para concesionar 41 lotes de espectro para servicios móviles por todo el país durante 20 años. Se trata de la Licitación IFT-10, que sólo logró a atraer a formales dos interesados con la suficiente capacidad de pago, pero que también ellos sólo pudieron comprar tres lotes por los onerosos pagos anuales que impone el Estado mexicano por el uso de bandas.

Por ello, el IFT se acercó al Senado de la República para presentar tres propuestas con las que se permita seguir ampliando la cobertura celular de 4G-LTE para telefonía e Internet móviles, y para que se permita el origen de nuevos nichos de negocio desde la nueva tecnología de comunicación 5G.

Las tres propuestas del IFT para empujar 5G en México

1.- El regulador de telecomunicaciones propone al Senado una modificación al artículo 244 de la Ley Federal de Derechos, para que se reescriban los cobros anuales por explotación de las bandas de los 600 MHz y de 3.5 GHz y la Banda L.

Esas tres bandas radioeléctricas se encuentran entre las más idóneas para los servicios de 5G y por eso el IFT pide al Senado que se modifique el parámetro de cobro por su explotación.

El Estado mexicano, asegura el IFT, no perderá dinero por esas posibles modificaciones al artículo 244 de la LFD, porque las tres son bandas que aún no han salido a concurso y por tanto no han sido concesionadas y modificar sus cobros anuales de derechos detonaría el interés de la industria de telecomunicaciones por su explotación en nuevas aplicaciones productivas con redes de 5G.

2.- La siguiente es una propuesta de modificación de estructura de cobro en los pagos de derechos de las bandas de 800 y de 850 MHz, para que en adelante se cobren por las llamadas “Área Básica de Servicio (ABS)”, en lugar de los cobros que a la fecha se hacen por regiones celulares.

Para el IFT, con esta modificación, de aprobarse, se permitiría que operadores locales y regionales puedan competir por bloques de ese espectro, allí donde sólo es su ámbito de operación y los costos estarían más apegados a la realidad del mercado local, pues hasta hoy, por ejemplo, en la Región 9 que comprende al muy lucrativo mercado de la Ciudad de México también se encuentran poblaciones empobrecidas de los estados de México e Hidalgo, y entonces los operadores locales de esos lugares deben pagar espectro encarecido por el componente que significa el valor de la capital; de ahí que desistan de su interés.

 

“Esto significa cambiar la estructura de cobros de derechos a coberturas de menor dimensión geográfica, ajustándolas por una variable económica, a fin de promover la entrada de nuevos operadores con interés de prestar servicios a una escala local y que los pagos por derechos sean proporcionales al nivel económico de la zona a cubrir”, explicó el IFT en su argumentación de que esta acción permitirá incrementar la cobertura celular hacia regiones desconectadas.

 

3.- El IFT también propuso un esquema de acreditamiento de erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico, para así llevar cobertura a localidades sin servicio móvil de acceso a Internet.

Esta propuesta implica hacer adiciones el artículo 239 bis a la LFD, para incentivar la inversión de los concesionarios actuales en servicios de telefonía e Internet móviles y llevar conectividad a localidades que actualmente no cuentan con servicios de banda ancha móvil.

“El IFT hace un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para que considere el enorme impacto negativo que implican los elevados montos de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico establecidos en la LFD y que pueda valorar estas propuestas como parte de las que, año con año, ha enviado a la Secretaría de Hacienda, en búsqueda de montos y esquemas que fomenten la asignación eficiente de mayor cantidad de espectro radioeléctrico, eliminen las actuales barreras a la entrada de nuevos participantes en el mercado e incentiven la conectividad de poblaciones que se encuentran marginadas de los beneficios presentes y futuros”, dijo el IFT al Senado.