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IFM demanda por daño moral a Paulo Díez, abogado de Infraiber
IFM Investors, presentó una demanda por daño moral contra Paulo Díez Gargari, representante de Infraiber, razón social que hace algunos años detentó efímeramente un contrato para auditar el aforo de las autopistas del Estado de México.
El pasado 3 de agosto, IFM Investors, fondo de inversión australiano que controla a la operadora de concesiones Aleatica (antes OHL México), presentó una demanda por daño moral contra Paulo Díez Gargari, abogado representante de Infraiber, razón social que hace algunos años detentó efímeramente un contrato para auditar el aforo de las autopistas privadas del Estado de México.
El 12 de agosto de 2020, el Juez Francisco Sergio Lira Carreón en el Juzgado 29 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió la resolución de admisión de la demanda, con el expediente 288/2020, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso.
Luego de que el gobierno del Estado de México, durante los primeros días de la administración de Eruviel Ávila Villegas (2011-2017) le retirara el contrato de medición de aforos de autopistas, Infraiber acusó a OHL México, concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, de impedirle trabajar, tras lo que desató una batalla legal y mediática contra la empresa, que fue renombrada como Aleatica al ser adquirida en abril del 2018 por IFM Investors.
IFM acusó el uso de bots en redes sociales y plataformas falsas por parte de Díez Gargari para “amplificar calumnias” como que la compañía supuestamente pagó menos por la compra a los accionistas minoritarios, “cuando 99.9% de los accionistas no manifestaron objeciones, además de que firmas como Rothschild, Evercore y Lazard, en su momento consideraron que de las dos diferentes Ofertas Pública de Adquisición (OPAs) por partes del gran público inversionista fueron justas y/o razonables”.
En la demanda, el fondo australiano refiere también que “los ilícitos afirmados de manera categórica por el Demandado y que constituyen la fuente generadora de la responsabilidad a la que deberá condenársele, son las oprobiosas imputaciones a IFM de los delitos de estafa -fraude-, cohecho -corrupción-, simulación de actos, encubrimientos, la acusación de formar parte de la ‘delincuencia organizada’, supuesto tráfico de influencias, entre otros -todo lo cual se niega rotundamente, por ser falso”.
El documento, presentado por el abogado Alonso Rivera Gaxiola, socio director de Rivera Gaxiola, Carrasco y Kálloi, también indica que el demandado “se ha referido a mis mandantes como “roedores”, insultos y vejaciones arbitrarias que Paulo Díez Gargari emite y publica constantemente en contra de mis representadas, sin estar respaldadas por una resolución judicial que confirme la participación de IFM en la comisión de alguno de esos delitos, pues ni siquiera existe una resolución en ese sentido y la forma en la que se refiere a las Actoras son absolutamente innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión”.
La defensa de IFM Investors –quien dice contar con dos años de evidencias de la campaña de difamación– acusó que el representante de Infraiber confunde de manera maliciosa a Aleatica con OHL, al referirse a ambas de manera indistinta, como si se tratara del mismo agente económico, siendo que la última “no tiene relación actual de ninguna índole con mis mandantes”.
La demanda también documenta que Paulo Díez ha creado una organización falsa denominada Auroras Research que se dedica exclusivamente a difundir información falsa de Aleatica y/o IFM. Esta organización asume, mediante el engaño, la identidad de un equipo de investigación de capitales.
“Lo que buscamos es no sólo que un juez le ordene detener sus declaraciones difamatorias, sino que también le ordene dejar de agraviar a mi cliente a través de sus miles de bots y su plataforma artificial de investigación de capitales”, afirmó Alonso Rivera Gaxiola.
Historia de tensiones
Las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario han sido objeto de tensión mediática luego de que, durante el 2015, se divulgaron anónimamente supuestas conversaciones telefónicas privadas entre directivos de OHL México –incluyendo a su presidente de aquél entonces, José Andrés de Oteyza–, en las que se mencionan irregularidades en el otorgamiento y en las modificaciones del título del Viaducto Bicentenario, principalmente.
Un año después y después de realizar una auditoria el gobierno del Estado de México, otorgante de las dos concesiones, descartó ilegalidades en el proyecto del Viaducto Bicentenario. También, OHL México afirmó que los audios difundidos fueron editados, según un peritaje que ordenó la empresa.
En el 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por su parte, sancionó con 71.7 millones de pesos a OHL México por llevar una contabilidad “inadecuada”, sin embargo, el órgano regulador descartó que hubiera existido dolo o fraude por parte de la concesionaria.
En septiembre del 2017, OHL México presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Infraiber y su representante Paulo Diez por falsedad de información jurídica y económica.
Ya desde antes, OHL México había señalado a dicha empresa como la promotora de la campaña en su contra, que habría tenido como origen el malestar de Infraiber cuando se le canceló un contrato para medir el aforo de las carreteras de cuota del Estado de México, entre ellas, Circuito Exterior Mexiquense.
