La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por votación de 6 a 4 que las decisiones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en cuanto a fijar tarifas de interconexión entre dos o más operadores de telecomunicaciones no podrán suspenderse por el Poder Judicial, por considerar que se trata de un interés público.

Al analizar una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados, los integrantes de la Corte fijaron este martes en sesión sus posiciones sobre el tema.

El ministro José Ramón Cossío dijo no compartir el proyecto de José Fernando Franco González Salas. Creo que no debe otorgarse la suspensión en el caso concreto que nos está ocupando, que se trata de la interconexión de las tarifas respecto [...] de las interconexiones entre telefonía fija y telefonía móvil, de sujetos que previamente están interconectados .

Durante su intervención, el ministro Cossío indicó que a la Corte acudió "quien ha querido", y que hubo audiencias "importantes" con las partes.

El ministro Sergio Valls también manifestó que no está de acuerdo con el proyecto y que no procede la suspensión.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tampoco compartió el proyecto y, por ende, que no es procedente conceder la suspensión. "El planteamiento que contiene el proyecto que analizamos en el sentido de que el tema de las tarifas no afecta el interés social porque la reducción de la tarifa establecida por Cofetel no necesariamente impacta a la tarifa final que pagan los usuarios, me parece que es un aspecto solamente en el análisis de la afectación al interés social. Pero para mí el interés social debe ser estudiado desde una perspectiva más amplia".

Pardo Rebolledo añadió: "Esa tarifa que se establece por el órgano especializado, insisto, no vamos ahorita a discutir si es correcta o no, si se ajusta a la Constitución o no; esa tarifa, al menos por ser proveniente del órgano especializado, tiene la presunción de que persigue la finalidad de la ley sobre la materia, que es propiciar una sana competencia".

El proyecto de resolución votado en contra por la mayoría planteaba que cuando surja una divergencia entre los concesionarios en cuanto al monto de la tarifa de interconexión que debe regir entre ellos, la Cofetel se limitará a resolver ese conflicto, sin que tal situación afecte la interconexión de las redes.

Puede concluirse que la resolución de la Comisión […] mediante la cual establece la tarifa que debe pagar un concesionario a otro derivado de la interconexión es una cuestión que no trasciende a la colectividad, dado que afecta exclusivamente a dichos concesionarios.

De modo tal que al suspender dicha resolución, no se causa una afectación a la colectividad ni se le priva de un beneficio que de otra manera no resentiría, pues como ha quedado señalado, la interconexión se mantiene vigente en cualquier tiempo, con independencia de que los concesionarios no hubieren llegado a un acuerdo sobre aspectos tales como las tarifas .

Entre quienes compartían el proyecto de José Fernando Franco González Sala se encuentra la ministra Margarita Luna Ramos. Desde su perspectiva, la sociedad "jamás" tendrá injerencia en este caso.

"Yo quisiera saber cuál va a ser la empresa que al final de cuentas les va a decir: 'Fíjense que gané, fíjense que la tarifa que yo les cobraba, que era de tanto, que me cobraba tanto mi interconector, ahora resultó que es más baja, ahí les va la devolución de todo esto'. Yo quisiera saber que de veras eso se hiciera", puntualizó.

El ministro Sergio Salvador Aguirre consideró que debe otorgarse la suspensión en términos de la Ley de Amparo. "Los actos de la Comisión Federal de que hablamos, la Cofetel, son actos de autoridad y necesariamente deben de colmar los extremos que previene la ley, en caso de no colmarse y negarse la medida cautelar se afectaría el orden público y el interés social".

La Ley de Amparo estipula que la suspensión por un juez se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.