En el asunto de presuntos sobornos que implican a la empresa Petrobras, la Policía Federal de Brasil informó haber encontrado documentos que registran cerca de 750 obras públicas llevadas a cabo en el país y en el extranjero con financiamiento público irregular.

De ello se responsabiliza a grandes empresas constructoras, a sus propietarios y accionistas, entre muchas otras a Odebrecht, que opera en numerosos países.

Ante esta situación, a dos semanas de reasumir el poder, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff atraviesa su momento de mayor acoso, soportando acusaciones como el conocer que hubo sobornos que, por millones de dólares, se pagaron a Petrobras, la empresa creada por Getúlio Vargas en 1953, hoy símbolo de la autonomía nacional en materia energética.

Paulo Roberto Costa, alto funcionario de la empresa, denunció hace meses que sus fondos se distribuían entre el Partido de los Trabajadores (PT), que sostuvo las candidaturas y a los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y su aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), los cuales ejercían un financiamiento multipartidario que se repartía igualitariamente como un pastel.

La señora Rousseff está a salvo por ahora, aunque especialistas reconocidos señalan que le podría salpicar el sobreprecio pagado en 2006 por una refinería de Pasadena, California, cuando encabezaba la Consejo de Administración de Petrobras como ministra de Energía .

Antipetistas y antidilmistas, hubo empresarios que se atrevieron a denunciar que la campaña de la mandataria fue financiada por fondos negros de la empresa en 2014, sin que faltara la opinión sesgada de su rival, Aécio Neves, el candidato social demócrata, quien dijo: No me ganó el PT, sino una organización criminal .

¿Qué respuesta puede dar la mandataria cuando un plan de contratos fue otorgado por otras entidades además de Petrobras? Se habla de 170 empresas, que incluyen obras en el extranjero, entre otras la remodelación del puerto cubano de Mariel por cuenta de Odebrecht.

Una lista difundida por el diario O Globo el 6 de diciembre último, revela que solamente el 59% de las obras del esquema corrupto tenían a la petrolera como destino final, con proyectos provenientes de fondos federales que ascenderían a 4,600 millones de dólares.

Entre estos figurarían trabajos en puertos marítimos y aéreos, minas, refinerías y transportes urbanos subterráneos, además de obras de mantenimiento y saneamiento en Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina y Angola.

El fiscal general de la nación, Rodrigo Janot, informó que un equipo especial está investigando más denuncias: Si se cometieron más delitos que involucren a Petrobras, el Ministerio Público Federal adoptará las primeras medidas judiciales , explicó.

Janot ha dicho que no tiene sentido hablar del centenar de personas involucradas en el llamado Petrolao ( Petrolazo ), sin que se sepa aún si éste llegó a los políticos, incluida la presidenta Rousseff, con otros nombres que se mantienen en secreto.

Hay que esperar también a que Alberto Yousseff, propietario de una casa de cambio, preventivamente preso, enlace entre Petrobras y quienes pagaban los sobornos para ser favorecidos con contratos, rinda su testimonio para que Janot diseñe una estrategia.

Al afirmar que desconocía el tamaño de la caja de Pandora de Petrobras, Rodrigo Janot aseguró que ésta todavía no se encuentra lista para abrirse , admitiendo que el sistema de justicia de Brasil ha sido corrupto: Quitamos a unas personas y otras las sustituyen .

Por si esto fuera poco, no obstante haberse destapado el escándalo del Petrolao en marzo anterior con las declaraciones de Paulo Roberto Costa, inversionistas radicados en Nueva York presentaron una denuncia contra la entidad paraestatal ante la justicia de Estados Unidos, por ocultar información a quienes adquirieron papeles de ella en Wall Street.

La querella colectiva por violación del acta de la Bolsa de Valores fue presentada por el bufete de abogados Wolff Popper LLP, en nombre de quienes compraron acciones de Petrobras entre el 20 de mayo de 2010 y el 21 de noviembre de 2014.

Este problema, reconocen funcionarios federales e integrantes del gabinete de Dilma Rousseff, involucra desvíos cercanos a los 4,000 millones de dólares en una década, y ha llevado a la cárcel a 25 ejecutivos de empresas privadas, y a 11 más que permanecen en prisión preventiva por mandato del juez Sergio Moro.

Experto en el combate contra el lavado de dinero, la oficina de Moro, 42 años de edad, uno de los tres candidatos a presidir el Tribunal Supremo Federal, ha centralizado las investigaciones de la llamada Operación Lava Jato , que día a día gana notoriedad por el caso Petrobras.

erp