Los sectores financiero y asegurador del país presentaron tres consideraciones en la discusión sobre el reparto de utilidades a los trabajadores, en principio que deje de ser por mandato de ley y se convierta en una política de mejores prácticas empresariales; que haya un tope para su distribución que puede ser hasta de 30 días y que se cambie por el establecimiento de bonos por productividad.

Durante la segunda mesa sobre la discusión en el tema de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, afirmó que “hacer obligatoria la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas solamente agrega la carga fiscal, laboral y social sin consideración alguna a las mejores prácticas mundiales”.

Niño de Rivera reconoció que este sector tiene bajo el esquema de insourcing a 250,000 colaboradores, a quienes dijo, “siempre hemos cumplido puntualmente con sus derechos laborales que incluye su participación en las utilidades en los bancos, esto dentro de la subcontratación interna que es una práctica esencial en la banca”.

Asimismo, se pronunció porque la iniciativa de reforma en materia de subcontratación, se siga permitiendo ya sea de manera interna y externa “con estricto cumplimiento fiscal, laboral y social”.

Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), afirmó que en 2019 el sector asegurador pagó por concepto de ISR 19,320 millones de pesos y por concepto de IVA pagado 29,300 millones.

Belmar pidió, sin dar una propuesta clara, que se acordará un umbral para el PTU que logren que este derecho contribuya a incentivar la productividad de los empleados y permita el desarrollo de las empresas y la reinversión de sus utilidades.

Entre 6 y 26 días, promedio de PTU en la actualidad

Alvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, expuso que la propuesta que se ha planteado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es que si se elimina el esquema de contratación del outsourcing se llegue a un acuerdo mediante el cual se ponga un máximo al PTU, por ejemplo un mes de salario, ya que las estadísticas del Censo Económico indican que los pagos que hoy se hacen por este concepto son entre 6 y 26 días.

Otra alternativa, dijo, es que se tomen acuerdos con las partes involucradas estableciendo un número determinado de días que beneficien a los trabajadores, pero que “no destruya la competitividad de las empresas que al fnal de cuentas son las que mayoritariamente generan empleo formal, de tal suerte que este costo para las empresas deje de ser un agregado a las tasas impositivas”.

A diferencias de las organizaciones sindicales de la CTM, que se han negado a establecer un tope en el pago de las utilidades, el secretario Federal de la los Sindicatos Bancarios, José Carlos Torres, estuvo de acuerdo en revisar el esquema y propuso que de común acuerdo sindicatos y empresas establezcan un piso a repartir a todos los trabajadores y con establezcan esquemas que permitan la competitividad, no sólo tomar los días laborales y salarios”.