Empresas automotrices de Mexicali, Baja California, dedicadas a importar y exportar vehículos extranjeros, presentaron ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), una queja contra José André Nalda, juez Tercero de Distrito con sede en Mexicali, que vía amparo favoreció solo a una empresa para la compra-venta de vehículos a Estados Unidos y Canadá.

Según los empresarios, esto ha favorecido un monopolio’’ con respaldo de jueces y magistrados a Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier, S.A. de C.V.’’, siendo la única que está aprovechando el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en enero del 2009 y que establece las condiciones para la importación de vehículos usados.

Los quejosos acudieron a la sede del CJF, que es el órgano de vigilancia de los que conforman el Poder Judicial de la Federación y sostienen que Héctor Pedroza, es un diputado federal, que funge como representante legal y se presume que impartidores de justicia son accionistas de la empresa mencionada.

Con el tratado de acuerdo con el decreto presidencial del 2009, se podría importar y exportar vehículos usados a Estados Unidos y Canadá, el cual se iría liberando hasta el 2019, pero sólo la empresa Grupo Integral de Servicios Logísticos, está realizando esa actividad, como lo expone el amparo 786/2010 otorgado por el juez, José Manuel Serrato García.

En la queja, se expone que en el estado de Baja California, otros jueces federales han otorgado suspensiones provisionales similares a la empresa involucrada, entre ellos, los impartidores de justicia, Francisco Domínguez Castelo, Daniel José González Vargas y Blanca Evelia Parra Meza.

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