Cemex Colombia pretende construir una planta cementera en unos terrenos en Magdalena Medio en Antioquía, Colombia, desbordados por conflictos legales e irregularidades. La compañía, cuya casa matriz se encuentra en México, realizó pagos a Eugenio Correa Díaz, violando las políticas internas de Cemex, S.A.B. Cemex Latam y, probablemente, la ley colombiana , para operar una mina de piedra caliza y construir una planta de producción de cemento que incrementaría 22% la producción local de Cemex, según la revista Semana.

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El valor de los activos que compró la multinacional era de 22.2 millones de dólares. Con estos terrenos y la mina, el plan de Cemex era construir una planta de cemento que produjera 1 millón de toneladas anuales, lo que le permitiría a la cementera aumentar su producción en aquel país de 4.5 a 5.5 millones de toneladas al año.

1. Despidos y renuncias

El conflicto se dio a conocer el 23 de septiembre del 2016, cuando Cemex Latam informó a la Superintendencia Financiera de Colombia, el órgano regulador de los sistemas financiero y bursátil en aquel país, que había suspendido de sus puestos a Edgar Ramírez, vicepresidente de Planeación de Cemex Latam y Cemex Colombia, y a Camilo González Téllez, abogado general de la compañía y representante legal. El director ejecutivo de Cemex Colombia, Carlos Jacks, renunció inmediatamente después de la suspensión de sus colegas, con el fin de facilitar la investigación.

Con este anuncio, el precio de la acción de la acción de la cementera en la Bolsa de Valores de Bogotá cayó más de 10 por ciento. La compañía anunció que Jaime Muguiro Domínguez, actual presidente del Consejo de Administración de Cemex Latam, es el nuevo director ejecutivo de Cemex Latam y Cemex Colombia.

2. El origen del problema

Según la revista Semana, en el año 2011, Eugenio Correa Díaz recibió la propuesta de un grupo de 12 inversionistas colombianos para ayudarlos a vender unos terrenos y una mina de piedra caliza en Maceo, Magdalena Medio en Antioquía, Colombia, donde en tiempos recientes diversos grupos paramilitares han tenido presencia.

En un viaje a México, Correa Díaz, por mediación de la actriz mexicana Montserrat Oliver, le presentó el proyecto a Francisco Garza, quien en ese entonces formaba parte del Consejo Asesor de Cemex para América Latina. El mismo año, Francisco Garza se comunicó con Carlos Jacks, director ejecutivo de Cemex Colombia, para hablarle de la propuesta que le había hecho Correa, debido a que el ejecutivo mexicano consideró que podría tener un gran potencial para Cemex , explica Semana.

Días después, Edgar Ramírez, vicepresidente de Planeación de Cemex Latam y Cemex Colombia, contactó a Correa para conocer la oferta que les estaba proponiendo. Funcionarios de Cemex Colombia visitaron el lugar que ocupan los terrenos y la mina en Maceo, firmaron un acuerdo de confidencialidad y comenzaron el proceso de debida diligencia para iniciar las negociaciones para la compra de estos activos, las cuales se concretaron en el 2012, con un acuerdo de 11 millones de dólares por los derechos de explotación de la mina de piedra caliza; 7 millones por la zona franca y 4.6 millones de dólares por 400 hectáreas de terreno, lo que suma un total de más de 22 millones de dólares.

El mismo año, Cemex Colombia firmó un primer memorando de entendimiento con Eugenio Correa para la compra de los terrenos y le dio un anticipo por 7 millones de dólares de la época por concepto de intermediación en asuntos mineros, refiere Semana

3. Primeras irregularidades

El conflicto inició en el 2012, cuando la Fiscalía General de Colombia giró una medida precautoria sobre los predios involucrados en el negocio entre Cemex Colombia y el conjunto de accionistas de C.I. Calizas, debido a que la entidad había iniciado un proceso de extinción de dominio sobre los terrenos de la empresa, porque uno de sus accionistas, José Aldemar Moncada, participó en el desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia por recobros por exportaciones falsas de basura.

Después de iniciado el proceso de extinción de dominio de los terrenos por parte de la Fiscalía General, éstos pasaron a custodia de la Dirección General de Estupefacientes y a pesar de las irregularidades que se estaban presentando, un abogado de Cemex le recomendó a la empresa que arrendara las 400 hectáreas de los terrenos y la zona franca para poder continuar con el proyecto de la planta. El costo de este arrendamiento se fijó en 1 millón de pesos colombianos, por lo que según la multinacional, Cemex Colombia está autorizada para usar y usufructuar el inmueble, los derechos mineros en Maceo y continuar con los trabajos necesarios para la construcción de la planta cementera por cinco años , del 2013 a julio del 2018, explica Semana.

4. Segunda ronda de irregularidades

Al finalizar la negociación para el arrendamiento de los terrenos, la compañía se dio cuenta de que sobre éstos pesaban varios embargos, por lo que Cemex le dio un segundo anticipo de 3 millones de dólares a Correa para que fueran levantados. De acuerdo con Semana, el proyecto de la planta continuó e incluso, Cemex construyó una carretera para movilizar a las personas y los materiales necesarios.

Con el levantamiento de los embargos, parecía que todos los problemas habían sido resueltos, pero comenzaron a escucharse rumores acerca de malas prácticas por parte de los directivos de la compañía en Colombia. Fue entonces que Cemex comenzó una auditoría interna.

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5. La auditoría

La auditoría interna de Cemex se enfocó en el vicepresidente de Planeación, Edgar Ramírez, el abogado Camilo González y sobre el intermediario Eugenio Correa, y se investigaron posibles incrementos patrimoniales injustificados, movimientos bancarios cuantiosos, gastos elevados de tarjetas de crédito, actuaciones irregulares y violaciones al código de ética de la multinacional. Como resultado de la investigación, se dio a conocer que entre el 2014 y el 2015 se hizo un giro de recursos a Eugenio Correa por 4.5 millones de dólares, el cual de acuerdo con Cemex México no tenía sustento.

Otra de las irregularidades que salió a la luz a raíz de esta auditoría fue que aunque al presidente ejecutivo de Cemex Colombia, Carlos Jacks, se le había advertido no tener contacto con Eugenio Correa, debido a que éste se encontraba bajo investigación, ambos realizaron un viaje juntos a China con sus respectivas esposas.

6. Conclusión

Hace una semana (septiembre del 2016), directivos de Cemex México arribaron a Colombia para hablar con los involucrados en el conflicto. En la reunión, se dio a conocer el tercer pago que se le hizo a Eugenio Correa por 4.5 millones de dólares y una supuesta carta de los accionistas de C.I. Calizas en la que afirmaban no haber recibido un solo peso del negocio , explica la revista Semana. Sin embargo, en una carta enviada el viernes 30 de septiembre a Cemex México, Adolfo León Ochoa Restrepo, uno de los accionistas de C.I. Calizas, afirma que soporta cargos por pagos realizados por el mandatario Eugenio Correa, utilizados para mantener sana financieramente a la sociedad y para el proceso en curso .

La compañía reconoció que respaldó un memorando de entendimiento con el representante de la sociedad vendedora de las tierras, la zona franca y el título minero del proyecto y afirma que ha realizado anticipos por el equivalente a 20.5 millones de dólares a Correa, aunque la suma de los tres pagos que se identificaron durante la auditoría no supera los 15 millones de dólares .

7. ¿Qué dice Eugenio Correa?

De acuerdo con declaraciones hechas a la revista colombiana Semana, Eugenio Correa explicó que él tiene toda la documentación que demuestra que su actuación se circunscribió a lo acordado con Cemex Colombia. A su vez, Correa dijo que no es cierto que no les haya pagado a los inversionistas antioqueños el anticipo que le dio Cemex.

Según el intermediario, con los dos primeros anticipos que recibió, que suman un total de 10 millones de dólares, les giró a los socios recursos por 11,000 millones de pesos colombianos y usó lo demás para pagar los embargos que pesaban sobre los terrenos. Además, según Correa, el tercer anticipo, por 20,000 millones de pesos colombianos (4.5 millones de dólares), corresponde al pago por la venta de tierras de su propiedad y de otras personas, diferentes a los de los accionistas de C.I. Calizas.

Por su parte, Cemex México y Cemex Colombia turnaron este conflicto a la Fiscalía General del país sudamericano para que sea éste quien deslinde las responsabilidades y resuelva lo que procede. A pesar de las irregularidades ocasionadas durante el proceso de adquisición de los terrenos, la empresa espera que su nueva planta comience operaciones a principios del 2017.

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