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Al emprender y operar un negocio, cuesta más no estar legalizado
Los especialistas señalan quela principal razón por la que muchos empresarios no dan de alta a su negocio es por que desconocen los reglamentos o no les parece importante cumplir con las obligaciones legales.
Las dificultades que suelen presentarse al intentar legalizar una pequeño negocio, así como la serie de trámites administrativos con los que hay que cumplir, generalmente provocan que muchos de los emprendedores desistan en su intento por regularizarlos, y pospongan ese paso para otro momento.
De acuerdo con Daniel Rodríguez Herrera, profesor de dirección avanzada de temas legales del Colegio de Empresarios, Exellentia Fervic Education, la principal razón por la que muchos empresarios "no dan de alta a su negocio es por que desconocen los reglamentos o no les parece importante cumplir con las obligaciones legales", dijo.
“Otra causa es la filosofía que suelen tener los pequeños empresarios sobre el ahorro, de tiempo y dinero, situación que los frena para que se introduzcan en el laberinto de los trámites y el pago de derechos”, indicó Rodríguez.
Sin embargo, señaló, en entrevista con El Economista, que cuando un emprendedor está pensando en iniciar su negocio, no sólo debe de considerar las cuestiones de mercado, sino también conocer las leyes para cumplir con los requisitos legales y tener una base firme para desarrollar su empresa.
Sanciones y multas
De acuerdo con el también director del corporativo Dagero, cuando el establecimiento opera sin autorización oficial, de acuerdo con el reglamento en materia de establecimientos mercantiles, en el Distrito Federal, las sanciones oscilan entre 25 y 125 días de salario mínimo diario vigente que es de 48.67 pesos y en algunos casos se puede incluso hasta clausurar.
En el caso de la Ley de Protección al Consumidor, comentó que los empresarios que incurren en irregularidades al alterar productos o dar un mal servicio, pueden ser castigados con multas que van de 159 a 511,115 pesos, “en casos graves, la Procuraduría puede sancionar con la clausura total o parcial, de hasta 90 días y con multas de 95,834 pesos a 2 millones 683,358 de pesos”, precisó.
Rodríguez Herrera indicó que las dependencias u organismos oficiales con los que los negocios del Distrito Federal tienen mayor problema, son con las autoridades delegacionales, “porque éstas tienen la facultad, con base en la Ley de Establecimientos Mercantiles y en la Ley de Protección Civil, de revisar que los establecimientos cumplan con las obligaciones de ley”.
Dijo que en estos casos, supervisan a emprendedores que tienen trato con el público, porque brindan directamente un producto o un servicio, como un pequeño restaurante, una pequeña papelería, una estética, una tienda de abarrotes, una tintorería o un salón de fiestas. "Ese emprendedor es el que tiene más contacto con esa autoridad, porque su negocio está en la calle y tiene contacto con el público, por lo que tienen más revisiones”.
Supervisión de documentos
Dijo que los documentos que supervisan las autoridades a los negocios que ya están establecidos son: el aviso de apertura mercantil, la licencia mercantil, el certificado de uso de suelo, el programa interno de protección civil, los avisos o permisos de la Secretaría de Salud y que el negocio cumpla con la ley de Protección al Consumidor, es decir, que no altere los precios y cumpla con las garantías del producto o servicio.
"Las autoridades federales, a través de la ley federal de procedimientos administrativos tiene facultades revisoras, dependiendo del ámbito de competencia, por ejemplo un restaurante, será revisado por la Secretaría de Salud y también puede ser supervisado por las autoridades de la delegación política del Distrito Federal en base a la ley de Establecimientos Mercantiles", comentó el profesor.
Por otro lado, indicó que las auditorías la llevan a cabo dependencias gubernamentales como el Intituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para determinar que se han pagado debidamente las obligaciones del empresario con sus trabajadores, o la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para verificar si han pagado correctamente sus impuestos.
Acciones para el futuro
Dijo que para evitar que proliferen en México los negocios ilegales es importante que se reduzca el número de trámites en las oficinas públicas administrativas, para agilizar la obtención de autorizaciones o permisos, “que se efectúen con velocidad y eficiencia los tiempos de respuesta y que halla un mayor conocimiento de las leyes por parte de los empresarios, es lo que ayudaría a mejorar el sistema legal en ese ámbito”.
Indicó que en México es necesario fomentar la cultura de la prevención para evitar contratar a un abogado cuando ya tienen todos los problemas encima.
“La falta de asesoría y orientación provocan que muchos emprendedores no se preocupen por legalizar su negocio y se les hace fácil lanzarse al ruedo sin capote.Muchas veces cuando ya les están poniendo los sellos de clausura, es cuando le llaman al abogado y quieren que se les resuelvan e problema y rápido”, dijo.
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