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Prodecon sugiere al SAT y al IMSS reglas más claras
Solicitan que el SAT emita una regla general de comercio exterior que permita que las personas que adquieran un vehículo usado en el extranjero puedan verificar los datos del pedimento.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sugirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la emisión de una regla general de comercio exterior que establezca la posibilidad para que las personas que pretendan adquirir vehículos usados de procedencia extranjera verifiquen que los datos asentados en el pedimento son los mismos que aquellos con los que cuenta la autoridad en el sistema electrónico aduanero, a fin de que los adquirentes tengan la certeza jurídica de que fueron importados legalmente.
Lo anterior a través del Análisis Sistémico 6/2016, en el que también sugirió a la dependencia realizar en conjunto con el ombudsman fiscal una campaña de difusión y orientación, en la cual se les informe a las personas que pretendan adquirir vehículos usados de procedencia extranjera, que deben exigir que el vendedor les entregue el pedimento y verificar que los datos asentados en dicho documento son los mismos con los que cuenta la autoridad en el sistema electrónico aduanero, dándoles a conocer las sanciones a las que pueden hacerse acreedores por no acreditar la legal estancia del vehículo en el país.
En su reporte de actividades correspondiente a mayo, la Prodecon también emitió el Análisis Sistémico 5/2016, en el que sugirió al Instituto Mexicano del Seguro Social emitir lineamientos, criterios o normatividad interna en la que instruya a sus unidades administrativas competentes para que concluyan el procedimiento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización (revisión secuencial) en el plazo de seis meses.
Lo anterior, derivado de que las disposiciones de la materia no establecen un plazo para concluir el procedimiento de revisión secuencial por parte del IMSS, resultando aplicable de manera extra lo dispuesto en el citado artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, acción con la cual la procuraduría consideró que se otorga seguridad y certeza jurídica a los patrones.
