Desde que el pasado 7 de junio Banco Popular fue sometido a resolución, dejó de existir como una entidad independiente y fue traspasado a Santander por un euro, muchos son los interrogantes que aún siguen sin resolverse respecto al caso.

Una de las principales cuestiones pendientes es todo lo relacionado con el informe de Deloitte, realizado a encargo de la Junta Única de Resolución (JUR) y cuya principal conclusión fue que el banco tenía un valor negativo de entre 2,000 y 8,200 millones de euros en unos escenarios central y estresado, tal y como anunciaron las autoridades españolas aquel día.

Posteriormente se pudo conocer que el mencionado informe contemplaba un tercer escenario, optimista, en el que los analistas de la consultaba atribuían un valor positivo de 1,500 millones de euros a Popular.

El informe de valoración de Deloitte es una pieza clave en el caso de Popular ya que fue a partir de sus cifras que la JUR y el Frob llevaron a cabo la intervención en el banco y la inmediata imposición de pérdidas a accionistas, dueños de CoCos y deuda subordinada.

Aunque el propio Ministerio de Economía emplazó a los responsables de la JUR a publicar el contenido del informe de Deloitte, la presidenta de esta institución, Else König, se ha negado hasta el momento a hacerlo.

En su comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, reiteró su negativa pese a los llamamientos a la transparencia que realizaron los eurodiputados.

Uno de los europarlamentarios españoles, Ernest Urtasun, perteneciente al grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, está explorando posibilidades para que se pueda conocer el contenido de este informe. Una de las opciones inmediatas es confirmar si efectivamente König tiene base legal para negar la difusión de este documento y, si no fuera así, entonces reclamarlo de forma oficial por el cauce pertinente.

Otra de las opciones que barajan Urtasun y su grupo para que la opinión pública conozca siquiera parcialmente el informe sería la de solicitar que dicho documento se pueda revisar en la cámara de lectura de información confidencial del Parlamento Europeo.

Esta figura excepcional, utilizada por ejemplo en el caso de los papeles de trabajo de la tramitación del TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones), permite que representantes de los ciudadanos de la UE puedan acceder de forma controlada a documentos de especial sensibilidad.

No pueden difundir su contenido y las restricciones son altas, pero al menos se garantiza que los miembros del Parlamento Europeo puedan comprobar la relevancia de los documentos sometidos a secreto.