Para el 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tendría un presupuesto del orden de 152 millones de pesos, es decir, una reducción en términos reales de 19.2% respecto a los 183 millones que le fueron aprobados para este 2019, según lo propuestado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020.

Esta reducción se daría pese a que en la Estrategia Programática del PPEF 2020, se le fijan metas a la UIF, como por ejemplo, que para el siguiente año, la unidad aumente 10% el número de denuncias respecto a las que se prevé realice este año, para que al final del sexenio sume alrededor de 920 denuncias presentadas.

“Para el caso del 2019 se considera la proyección de 120 denuncias como valor inicial del cálculo; a partir del 2020, se tiene planeado un incremento continuo de denuncias de 10% por año del 2020 al 2024 para dar un total de 923 denuncias al final del periodo”, se puede leer en la estrategia programática, donde se explica que la UIF es la unidad encargada de proteger al sistema financiero y la economía nacional del lavado de dinero.

Durante este 2019, la UIF ha tenido un papel más visible respecto al de otras administraciones y su titular, Santiago Nieto Castillo, ha informado sobre las acciones que ha realizado la unidad en casos relevantes como las investigaciones contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Juan Collado, principal accionista de Libertad Servicios Financieros.

Incluso, hace algunas semanas,  Nieto Castillo informó que en lo que va del 2019, se rompió el récord de denuncias por presunto lavado que ha interpuesto la unidad en un año, que era de 113, mismas que se originaron en el 2017.

Asimismo, se prevé que para el 2020, la UIF incremente el número de presentación de vistas en 10% respecto a las 80 que estima se realicen durante este 2019, con el fin de cerrar la administración con la presentación de 610 vistas, que es un mecanismo que sirve para que otras dependencias (en este caso, la  Fiscalía General de la República, FGR), en el ámbito de sus funciones, se involucren y coadyuven en las investigaciones.

Respecto al número de personas bloqueadas en las listas emitidas por la UIF, se prevé que la cifra incremente a partir del siguiente año en 10%, con base en los números con los que se cerraría este 2019.

“Se tiene planeado un incremento continuo de 10% por año en cada rubro, incluir 500 personas directas en el 2019 y 800 personas terceras relacionadas en el mismo año; al final del periodo 2019-2024, se proyecta integrar en listas de personas bloqueadas, en suma 10,027 personas directas y personas terceras relacionadas”, se lee en el documento.

Para Iván Alemán Loza, socio fundador del despacho Alemán & Santiago, si bien es significativo que la UIF tenga metas precisas, es importante tener claro que el verdadero éxito en la lucha contra el lavado de dinero no es cumplir con estas metas, sino con la efectividad para lograr sentencias firmes, el desmantelamiento de estructuras criminales y el decomiso de recursos.

“Lo más importante, por ejemplo en las denuncias, no es el número que exista al final de la administración, sino cuántas de esas denuncias resultaron en sentencias firmes, con delincuentes en la cárcel, estructuras criminales desmanteladas y con activos o recursos decomisados o asegurados. Ésas son las cifras que darán el éxito”, indicó el también ex vicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por su parte, Jorge Lara Rivera, presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, indicó que lo recomendable es que las metas se establezcan por tipología del delito,  y que apunten más hacia las transferencias en el sistema financiero, que es donde posiblemente ocurran los grandes casos de lavado de dinero.

“Hubiera sido deseable que las metas fueran por tipología o incluso por delito predicado, por ejemplo, que digan cuántas sentencias fueron por narcotráfico, cuántas por corrupción, cuántas por crimen organizado y sobre todo montos. Con estas metas (del PPEF) no se hace ningún rasguño al crimen organizado (...) la tipología que genera mayor daño en punto de vista de impunidad en el delito de cuello blanco es la de transferencia y es la que menos se investiga”, argumentó Lara Rivera.

FGR con más margen

Para el siguiente año, las unidades de la FGR encargadas de coadyuvar en el combate al lavado de dinero tendrían un presupuesto mayor respecto al aprobado para este 2020.

Según el PPEF 2020, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la FGR, incrementaría su presupuesto en 77% en términos reales, al pasar de los 25 millones de pesos de este 2019 a los 45 millones de pesos para el siguiente año; mientras que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, aumentaría su presupuesto en 10% de 22 millones a casi 25 millones de pesos.

Asimismo, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda tendría un incremento de 11.7% en términos reales al pasar de los 52 millones 858,000 pesos de este 2019 a los 60 millones 823,000 pesos para el 2020.

Se estima que en México, el monto que se blanquea por año asciende a los 50,000 millones de dólares.

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