La coalición populista en el poder en Italia adoptó un paquete de medidas económicas, que incluye deducciones fiscales para las empresas, en un intento de reactivar el lento crecimiento de la península.

Italia entró en recesión en la segunda mitad del 2018 y las estimaciones para este año son poco optimistas, ya que las previsiones oscilan entre la continuación de la recesión o un muy leve aumento del Producto Interno Bruto.

Para intentar contrarrestar esa tendencia, debido sobre todo a la desaceleración de la economía europea, especialmente en Alemania, el gobierno italiano, formado por la derechista Liga y los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5E), adoptó en la madrugada del miércoles el llamado Decreto Ley para el Crecimiento.

Según información divulgada el miércoles por el ministerio de Hacienda, el gobierno asignará un total de 1,900 millones de euros en los próximos tres años, los cuales serán repartidos en 1,000 millones para el 2019 y 450 millones en los dos años siguientes.

El decreto mantiene hasta finales del 2019 las grandes deducciones fiscales otorgadas a las empresas que invierten en maquinaria o bienes raíces, así como la reducción de los impuestos corporativos para estimular la inversión, por ahora en caída.

La coalición de gobierno quiere impulsar la inversión pública, por lo que cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros para el 2019, que asignará a los municipios italianos que promuevan el ahorro de energía o garanticen la seguridad de los edificios públicos, especialmente en áreas sísmicas.

Con ese decreto, “estamos dando un fuerte impulso a la recuperación económica del país, con medidas concretas para apoyar los negocios y la inversión”, aseguró el jefe de Gobierno, Giuseppe Conte, en Facebook.

La mala gestión de Roma divide al gobierno

Entre las medidas adoptadas, se mantienen las ayudas para la compra de la primera vivienda así como los incentivos financieros para el regreso a Italia de los jóvenes graduados que trabajan en el exterior.

También figura el polémico sistema de compensación para los pequeños accionistas y tenedores de bonos que fueron engañados por la quiebra de sus bancos.

El gobierno pretende proteger a las principales marcas históricas de Italia, por lo que estableció que algunas de ellas están directamente vinculadas al lugar de producción.

En caso de que la producción se realice fuera de la península, la empresa pierde la propiedad. Una primera versión del decreto fue aprobado a principios de abril, pero tras una serie de discusiones internas su aprobación fue retrasada.

Las tensiones dentro de la coalición al gobierno se agudizaron por la llamada medida Salva Roma, clave para modificar el sistema de gestión de Roma, asfixiada por una enorme deuda.

La capital italiana, que ha acumulado una montaña de deudas desde el 2008, esperaba en una reducción de los intereses que tiene que pagar a través de una gestión directa entre el ministerio de Finanzas y los bancos.

La Liga se opone a esa suerte de ayuda económica a la administración municipal de la capital, dirigida por Virginia Raggi, exponente del M5E, ya que considera que la alcaldesa es incapaz de gobernar la ciudad y ha pedido su renuncia.

Roma enfrenta innumerables dificultades, desde la gestión de la basura, pasando por los agujeros y baches de sus calles, un sistema de transporte público insuficiente y una negligencia generalizada.

El decreto aprobado no incluye esa delicada medida y el asunto pasará a ser debatido en el Parlamento.