Alejandro Díaz de León continúa perfilándose como el candidato natural para sustituir a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México (Banxico), de acuerdo con Credit Suisse.

Sin embargo, tal como lo marca la ley del propio Banco de México, por contar con las credenciales académicas, experiencia, la nacionalidad mexicana, ser menores de 65 años y formar parte de la Junta de Gobierno, son también elegibles Javier Guzmán o Manuel Ramos Francia, matiza aparte el investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Francisco Ibarra Palafox.

De acuerdo con la ley, si el candidato propuesto por el Ejecutivo viene de fuera de la Junta de Gobierno, tendrá primero que nominarlo como miembro de la misma y una vez que se cumpla ese requisito, lo propondrá como gobernador para terminar el periodo que deja inconcluso Agustín Carstens, detalla el investigador del IIJ.

En conversación, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse, explica que de ser éste el caso que decida tomar el presidente Enrique Peña Nieto, al proponer un candidato, podría optar por Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda.

O podría repetirse la experiencia, refiere, de que un secretario de Hacienda sea el gobernador de Banco de México . En efecto, esto sucedió con Guillermo Ortiz Martínez y el propio Agustín Carstens.

En todos los casos, considera, serían buenos nombramientos, ya que se trata de funcionarios con probados méritos.

Carstens renunció el 1 de diciembre a su cargo como gobernador del Banxico, con fecha del 1 de julio de este año, lo que significa que su sustituto completará el periodo para el que fue reelecto desde julio del 2017 hasta diciembre del 2021.

Werner, experiencia mexicana

Alonso Cervera desarrolló en diciembre un análisis sobre la posibilidad que se abría con la renuncia del gobernador Carstens, para flexibilizar los requisitos para ser miembro de la Junta de Gobierno, lo que supone una modificación a la Ley del Banco de México.

Esto con el objeto de flexibilizar los requerimientos de edad máxima y nacionalidad, contenidos en el artículo 39 fracción I de la Ley del Banco de México.

En el análisis el economista de Credit Suisse, comentó que en otros países, como Estados Unidos o Reino Unido, hay funcionarios de otras nacionalidades y de mayor edad. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, es canadiense, mientras el vicepresidente de la Reserva Federal es originario de Zambia.

En esos casos, la ley es mucho más flexible y recae la selección en los criterios de experiencia y credenciales, precisa en la investigación.

Si esta propuesta hubiera avanzado, claramente sería un candidato elegible Alejandro Werner, actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Werner es originario de Argentina, pero mexicano por naturalización.

Ahora, comenta Cervera, parece que esta posibilidad es un capítulo cerrado, tal como ha permeado la prensa .

Se refiere a una nota, divulgada por la agencia especializada Bloomberg, donde explican que el presidente Peña Nieto prefiere dejar sin cambios la Ley de Banxico.

Una mujer

En la conversación, Cervera admite que si el Ejecutivo propone como candidato a la gubernatura a un miembro de la Junta, tendría que sugerir a su vez un nuevo subgobernador.

Reconoce que es viable que suba a la junta una mujer proveniente del propio Banxico. Por ejemplo, Lorenza Martínez, actual directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos de la institución..

Lo más importante, enfatiza, es que en México, al interior del banco central y fuera, existe el capital humano con la experiencia y conocimiento para integrarse a la Junta de Gobierno.

Es legalmente viable: jurista

Dejar sin cambios ley del banco central no es concesión

Si el titular del Ejecutivo ha decidido no modificar los requisitos de ley que debe cumplir el candidato a sustituir a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, no obedece a una concesión magnánima, sino a una complejidad legal e histórica, afirma el socio de Derecho Administrativo en el Despacho internacional De Santiago, Juan Jiménez Valdez.

Aparte, el director de maestría de Políticas Públicas del ITAM, Juan Gabriel Martínez, considera que cambiar las leyes para resolver un problema de recursos humanos o apuntalar un grupo político o favorecer una persona especial es una de las grandes deficiencias de gobernabilidad de México .

Mientras, el Investigador y Secretario Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Francisco Ibarra Palafox, dice que en el momento de incertidumbre que vivimos, en un contexto de crisis internacional (...) parece importante mantener los requisitos flexibilizados (se modificó la Constitución en 1998) para ser mexicano por nacimiento, naturalización y por ser hijo de uno o dos de los padres naturalizados mexicanos .

Consultados sobre la posibilidad legal de que el Ejecutivo solicite la revisión a la Ley del Banxico, para flexibilizar los requisitos de edad y nacionalidad para los aspirantes a formar parte de la Junta de Gobierno, coincidieron en que se daría una mala señal en el contexto actual, pues enfrentaría el escarnio y la crítica de que se está haciendo un traje a la medida para algún candidato de su preferencia.

El procedimiento para una modificación de Ley, precisa el especialista del ITAM, es la presentación de una iniciativa por parte del Ejecutivo, algún diputado o senador. Si avanza en el Congreso y consigue aprobarse por mayoría, el cambio sería inmediato y se podría echar a andar al otro día de su publicación en el Diario Oficial, tercia el especialista de la UNAM.

Jiménez Valdez, explica que los posibles candidatos a los que les recaiga el impedimento del artículo 39 fracción I de la Ley del Banxico, podrían intentar el Juicio de Amparo.

Con los temas de derechos humanos tan en boga, en contra de la exclusión a los que pueden ser objeto, podría argumentarse que existe un trato desigual y discriminatorio, ya que se les estaría considerando como mexicanos de segunda por no poder ejercer cargos o puesto relevantes como cualquier otro mexicano en pleno goce de sus derechos .