En la emisión de facturas falsas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con los mecanismos para detectar claramente cuando alguien actúa de buena fe o cuando lo hace de manera recurrente, aseguró Héctor Vázquez Luna, administrador general de Recaudación del SAT, en respuesta a la preocupación que han externado los representantes del sector privado, tras la aprobación hace una semana, de la reforma fiscal penal.

Para ello, informó que a partir del 2020 se buscará explotar la información que se tiene de cada factura, a través del uso de la tecnología en el cruce de datos (big data), a fin de hacer una detección más temprana e inhibir la venta de facturas falsas.

“Si logramos explotar la factura a 100% y hacer cruces con las facturas, de manera rápida, podemos ir claramente contra factureros y contra quien le haya dado efecto a esa factura para que se corrija”, aseveró el funcionario.

En conversación con El Economista, reconoció que ha sido muy difícil llegar a los híbridos: empresas que realizan operaciones reales, al mismo tiempo que emiten facturas de operaciones que no realizaron para comprobar gastos por millones de pesos. “Por eso necesitamos la tecnología”.

Se distinguen redes

En este punto, “se distinguen perfectamente bien aquellas empresas que abren simplemente para facturar. Sí, son redes de personas que constituyen empresas con el único fin de defraudar al fisco, de facturar”, aseguró.

El funcionario, con 30 años de trabajar en el SAT, explicó que cuando el fisco realiza una inspección se percata de que son empresas que no tienen infraestructura, no tienen personal, incluso un domicilio puede ser utilizado por más de una empresa.

Asimismo, Vázquez Luna señaló que el fisco, en caso de encontrar una discrepancia, podrá requerir al contribuyente y tiene la facultad de cancelarle su sello fiscal si no puede comprobar que su declaración coincide con las facturas emitidas.

Recordó que existe un intercambio de información con todas las demás dependencias que tienen atribuciones fiscales, como el IMSS y el Infonavit. “Para efectos fiscales, compartimos al contribuyente y la información”.

—¿Qué va a pasar en el 2020 con las factureras?

—Sinceramente, esperamos inhibir estas conductas. Y que los que les dieron un trato a esas facturas o las usaron para darles efectos fiscales de deducción de impuestos, se corrijan. Eso buscamos.

Por lo pronto, en  lo que resta de este año, hay elementos con los que estaremos trabajando.

En materia de vigilancia se debe llegar al contribuyente desde el primer momento

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha llegado tarde con los contribuyentes en materia de vigilancia, reconoció Héctor Vázquez Luna, administrador general de Recaudación, y aseguró que por eso a partir del 2020 se llegará al contribuyente desde el primer momento en que deje de pagar, a fin de evitar grandes adeudos que se conviertan en cancelaciones fiscales.

“Se debe llegar al contribuyente cuando su empresa está activa y cuando aún está facturando, y no esperar a que pase una auditoría”, explicó el funcionario en una plática con El Economista, en la que informó que se tiene una cartera heredada de otras administraciones por 1 millón 700,000 adeudos en cancelaciones fiscales por un importe de 800,000 millones de pesos. De esta cartera acumulada, explicó que se recupera aproximadamente 10% cada año.

—Con tanta información que tienen, ¿cómo es posible que un contribuyente que está en una lista negra, en este caso por narcotráfico, pueda colarse en un tipo de condonación fiscal?

—Primero hay que diferenciar  las condonaciones de las cancelaciones. La condonación es aquella que extingue la obligación; te libero de pago. Y la cancelación es un instrumento interno que la autoridad maneja para depurar cartera de crédito, pero no libera de pago al contribuyente. Así lo establece el artículo 146 A del Código Fiscal.

El SAT, por su parte, tiene que investigar en el registro público, padrón vehicular nacional y el sector financiero, y tras realizar una investigación exhaustiva sobre bienes se cancelan los adeudos, que en realidad son una baja contable.

Aquí, el contribuyente no está liberado del pago, y se puede reactivar en cualquier momento.

Dijo que actualmente hay 55 oficinas nacionales que hacen el trabajo de cruce de información y que realizan un procedimiento general.

Ha faltado informar

Reconoció que al SAT le ha faltado informar al público, al ciudadano y al contribuyente en general, en qué consiste cada procedimiento.

En el caso del procedimiento de cancelación, es investigado por la Auditoría Superior de la Federación constantemente. Está normado. Son procesos que “plantea que, para que éste se considere para una baja contable o cancelación, se tiene que investigar por todos lados”, agregó.

De entrada, lo primero que se cancela es el sello. “Ya no pueden facturar. Lo mandas al Buró de Crédito; checas que no tenga inmuebles, que no tenga bienes en general, y que no tenga cuentas en el sector financiero”, dijo. Una vez que se descarta todo lo anterior, se procede a la cancelación.

Sin embargo, la cancelación, a la que el funcionario prefiere denominar como baja contable, se puede reactivar en el momento en que se encuentren bienes o cuentas por cobrar.

“Yo creo que se debe de acotar. Tenemos que estar de la mano todas las dependencias. Nosotros compartimos información con la Unidad de Inteligencia Financiera, porque somos de Hacienda, con la Procuraduría Fiscal de la Federación”, y en general existe mucha coordinación. Vamos juntos en todos estos temas y cada vez lo que estamos buscando es inhibir estas conductas.

El funcionario destacó que nunca como ahora ha habido una coordinación tan estrecha: “Hay una actitud de colaborar y apoyar abierta, en donde todos trabajan con el mismo fin, el mismo objetivo: evitar las conductas ilícitas”.