Obtener la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que impulsa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el sector de actividades vulnerables, no será un proceso sencillo y contrario a eso, representará grandes retos para las organizaciones, de acuerdo con directivos de la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados (Asonoc).

En entrevista, los representantes de esta organización indicaron que si bien la certificación para actividades vulnerables en materia antilavado representa beneficios, tanto para las empresas como para el ecosistema empresarial y su relación con las autoridades, también significará un reto mayor respecto al que el sistema financiero ha tenido que pasar para certificar a sus oficiales de cumplimiento y otros profesionales del tema.

“La certificación en actividades vulnerables representa un reto mayor, dado que el número de empresas es mucho más grande y además, la certificación para el sector financiero, así como la recertificación, ha sido todo un reto enorme, tan es así que hoy no todas las entidades del sistema financiero cuentan con un oficial de cumplimiento certificado”, explicó Elimelec Moreno, presidente de la Asonoc.

Hace algunos días, la UIF publicó en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el proyecto de la convocatoria para la certificación antilavado dirigida a las personas físicas que realizan alguna de las 16 actividades vulnerables, así como a los responsables encargados del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En el sistema financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impulsado este proceso desde el 2015, con el fin de que los oficiales de cumplimiento, y demás profesionales en la materia antilavado de las entidades financieras, cuenten con la certificación y la cual busca que estos sujetos tengan los conocimientos necesarios respecto al tema conforme a los estándares internacionales.

Hasta hace algunos meses, la CNBV había certificado a más de 3,000 personas. En este contexto, el reto para la UIF es lograr que los casi 100,000 sujetos obligados, que realizan una de las 16 actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, juegos o sorteos, o agencias automotrices, logren certificar a su personal encargado de las tareas de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Para Francisco Domínguez Almaraz, director de Comités de la Asonoc, si bien la ley antilavado fue promulgada en el 2012, hasta hace algunos años su aplicación no era total, por lo que las empresas dedicadas a las actividades vulnerables podrían tener complicaciones en el proceso por el poco tiempo y experiencia que han tenido sobre el tema de la prevención del blanqueo de capitales.

“Será todo un reto, dado que la legislación se ha comenzado a aplicar en su totalidad, pero también va a traer cambios muy importantes y muy buenos para las empresas”, acotó el directivo de la Asonoc que representará al gremio de oficiales de cumplimiento del país.

Confianza

Para Iván Aleksei Alemán Loza, socio de la firma Alemán y Santiago, la certificación en el sistema financiero se aplicó con la finalidad de que existiera confianza en la relación entre los distintos intermediarios financieros, así como con la autoridad que los supervisa, por lo que se prevé que este proceso tenga dicho efecto para el ecosistema de actividades vulnerables.

“En la medida en que las actividades vulnerables cuenten con estructuras profesionales, en este caso en el responsable de cumplimiento, en esa medida también estará expedito para que no solo las autoridades, sino los propios intermediarios, confíen en ellas y en sus estructuras de cumplimiento”, acotó el también exvicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV.

La Asonoc será presentada de manera oficial el próximo 11 de agosto, con la participación de distintas autoridades y personajes del ecosistema de cumplimiento de prevención de lavado de dinero.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx