La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó opacidad en la implementación del Presupuesto de Gastos Fiscales del 2018, de acuerdo con lo señalado en la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2018.

Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refieren que, en el 2018, el gobierno dejó de recaudar 816,675 millones de pesos; no obstante, la ASF indicó que no hay información desagregada por concepto y rubro sobre el monto realmente aplicado, lo que impidió comprobar si las estimaciones en el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) fueron mayores o menores.

“La ASF determinó que, al 2018, no se contó con un sistema que permita documentar si los montos reales aplicados por cada gasto fiscal fueron mayores o menores a las estimaciones publicadas por la SHCP, ni con un sistema de comprobación fiscal que permita verificar que la renuncia recaudatoria asociada a dichos beneficios fiscales se realizó conforme al marco normativo en materia fiscal vigente, lo que denotó opacidad en la implementación del PGF”, aseveró.

Lo anterior, agregó, podría significar un elemento para la elusión fiscal, lo que a su vez impediría cumplir con “oportunidad y eficiencia” las metas y objetivos del gobierno, como lo son el disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso, mejorar el bienestar de ciertos grupos, fomentar la inversión y la generación de empleos, apoyar a sectores específicos y asegurar el cumplimiento fiscal.

La ASF, a cargo de David Colmenares, destacó que la Secretaría de Hacienda no tiene una unidad responsable, o bien, tampoco emite facultades correspondientes para la autorización del listado de los gastos fiscales, los procesos de implementación, seguimiento y evaluación de éstos.

“La SHCP, responsable del diseño de la política pública de ingresos, y el SAT, como órgano desconcentrado de la secretaría encargada de aplicar la legislación fiscal, no contaron con objetivos y metas, ni con información sobre sus resultados, por lo cual la SHCP no acreditó contar con evaluaciones sobre los resultados de los beneficios económicos y sociales que se pretendieron alcanzar con los gastos fiscales, por lo que tampoco fue posible verificar los efectos que éstos tienen en la población y sectores apoyados, ni la viabilidad si alguno cumple con su objetivo”.

Recomendaciones

La ASF recomendó a Hacienda establecer una normativa interna, o bien facultades relativas a la implementación, seguimiento y evaluación del PGF. Con ello se podría supervisar la aplicación, delimitar sus resultados y los efectos que tiene en los ingresos públicos.

Asimismo, instó a realizar diagnósticos, estudios o criterios precisos y periódicos con el fin de conocer la pertinencia de aplicar estos gastos fiscales.

“En conjunto con el SAT, diseñe e implemente (Hacienda) en su normativa un sistema de coordinación con el propósito de administrar la aplicación de los gastos fiscales del año que se trate, así como para vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones en ese tema”, mencionó.

En este sentido, refirió que Hacienda y el fisco deben establecer los mecanismos de control para documentar lo que realmente se gasta respecto al PGF.

¿Qué son los gastos fiscales?

El concepto de gastos fiscales se refiere a los apoyos indirectos otorgados a sectores de la economía o de contribuyentes, mediante el sistema tributario, conocidos como regímenes especiales. Los gastos fiscales no implican una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a los contribuyentes beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos.

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