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Salario mínimo de 10,800 pesos: ¿Cómo sostenerlo sin más productividad
Si la ruta del Ejecutivo se mantiene, el salario mínimo superará el próximo años los 10,000 pesos mensuales por primera vez en la historia. La cifra simboliza una transformación laboral profunda, pero también abre preguntas sobre productividad, informalidad y sostenibilidad.

Si la ruta del Ejecutivo se mantiene, el salario mínimo superará el próximo años los 10,000 pesos mensuales por primera vez en la historia.
Si las proyecciones del gobierno federal se cumplen, el salario mínimo será de aproximadamente 10,800 pesos mensuales en 2027. La cifra es de gran relevancia, pues sería la primera vez que este referente rebase la barrera de los cinco dígitos.
La meta de la presidenta Claudia Sheinbaum es que el salario mínimo equivalga a 2.5 veces el valor de la canasta básica en 2030, lo que implica un aumento de 12% durante los próximos años.
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En 2018, el salario mínimo rondaba los 2,650 pesos mensuales. Desde entonces, la política de recuperación salarial del gobierno federal ha impulsado un crecimiento de 154% en términos reales en este indicador. El próximo año rebasaría el techo de los 10,000 pesos.
El viernes pasado, y en el contexto de la revisión del T-MEC, a la presidenta Sheinbaum se le preguntó cómo hacer que la riqueza generada por este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá llegue “hasta los mexicanos de abajo”. Su respuesta fue directa, a través de los salarios.
“Cuando aumentan los salarios, se distribuye la riqueza. Porque la generación de riqueza, cuando el salario es muy bajo, se queda concentrada en unos cuantos. Hay muchas formas de distribuir la riqueza: una de ellas es el salario”, expresó la mandataria en su conferencia matutina.
Es innegable que, durante décadas, incluso en el marco del TLCAN que entró en vigor en 1994, el salario mínimo fue parte de una estrategia económica en la que se ofrecía mano de obra barata para atraer inversiones, lo que causó un impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Por eso resulta difícil cuestionar la necesidad de poner en marcha una política intencional de recuperación de este referente; los aumentos de los últimos ocho años han permitido corregir una deuda histórica. Además, no hubo una crisis apocalíptica en el empleo, como anticipaban los escenarios más fatalistas.
En ese contexto cobra relevancia la respuesta de la presidenta Sheinbaum de hace unos días, pues refleja buena parte de la lógica económica que ha guiado la política laboral en los últimos dos gobiernos. El salario mínimo dejó de ser visto únicamente como un costo para las empresas o una referencia administrativa y se convirtió en una herramienta para redistribuir parte de la riqueza hacia los trabajadores.
Sin embargo, un salario mínimo de 10,800 pesos también obliga a observar otras variables que suelen quedar fuera de la conversación bajo esta lógica.
La primera es la productividad. De acuerdo con cifras del Inegi, la productividad laboral de la economía mexicana se encuentra 5.5% por debajo del nivel observado hace una década. En las actividades secundarias, donde se concentra buena parte de la producción industrial, la caída alcanza el 10.9 por ciento.
El dato merece atención porque la productividad es la principal fuente de crecimiento a largo plazo. Es la variable que permite producir más riqueza con los recursos disponibles y, por tanto, generar espacio para mejores salarios de manera sostenida.
La segunda es la informalidad. El 55.2% de las personas con una ocupación en México permanece en la economía informal, eso implica que más de la mitad del mercado laboral está en esta situación y que no necesariamente se beneficia de la política de recuperación del salario mínimo. Sólo como dato adicional, de los 700,000 empleos generados en el último año, el 98% han sido informales.
La tercera tiene que ver con los costos laborales. Un estudio reciente del BID muestra que el costo mínimo de contratación formal en México se duplicó en una década, al pasar de 10.7 a 21.4% del PIB por trabajador. Y aunque el mercado mexicano es el segundo más bajo en América Latina en este indicador, este dato refleja los efectos acumulativos en la estructura de costos de las empresas, lo que incluso podría estar vinculado al avance de la informalidad.
Es verdad que ninguno de estos elementos invalida los avances logrados en los últimos años, ni la necesidad de recuperación del salario mínimo después de décadas de deterioro. Pero sí permiten prever una tensión mayor para los próximos años.
Los primeros aumentos se explican por la urgencia de corregir la pérdida histórica de poder adquisitivo, sin embargo, los que vienen estarán cada vez más ligados a la capacidad de la economía para sostenerlos. Ahí es donde la productividad, la informalidad y los costos laborales dejan de ser variables secundarias para convertirse en parte central de la discusión.
Un salario mínimo por arriba de 10,000 pesos mensuales parecía imposible de imaginar hasta hace unos cuantos años. No obstante, una cifra tan representativa debiera ser el inicio de una conversación necesaria que responda a una pregunta de fondo: ¿Está la economía mexicana desarrollando las condiciones para sostener este ritmo de aumentos de manera indefinida?



