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“Reducir la jornada laboral requiere un acuerdo social y político fuerte”
Chile implementó en 2023 una reforma para reducir gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. El ministro del Trabajo de dicho país, Giorgio Boccardo, detalla cómo se logró el acuerdo político y social que la hizo posible.

Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo de Chile
Mientras en México comienza a discutirse la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, Chile ya recorre ese camino desde hace dos años. El ministro del Trabajo y Previsión Social de ese país, Giorgio Boccardo Bosoni, detalla cómo se llevó a cabo la reforma, qué resistencias enfrentó y qué aprendizajes pueden ser útiles en el contexto mexicano.
La “Ley 40 horas” chilena tomó un poco más de seis años en ver la luz. La clave para su materialización en 2023, explica Boccardo Bosoni en conversación con El Economista, fue el diálogo impulsado por el gobierno con todos los sectores, incluidas conversaciones con más de 200 actores sociales para comprender las dinámicas particulares de cada industria.
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“La legitimidad de una reforma como ésta, para que pueda proyectarse en el tiempo, requiere de un acuerdo social y político fuerte”, afirma.
En Chile, la reducción del tiempo máximo de trabajo se ha dado en dos etapas. La primera fue en 2005, con el recorte de 48 a 45 horas semanales. La segunda comenzó en 2017, con una iniciativa de las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo (hoy ministra secretaria general de Gobierno), que fue retomada por el gobierno de Gabriel Boric y concretada en 2023, con una reducción gradual de 45 a 40 horas que concluirá en 2028.
Giorgio Boccardo detalla que el proyecto que empujó el gobierno actual se basó en tres principios: descanso efectivo, es decir, que efectivamente se materializara en mayor tiempo libre para las personas trabajadoras; responsabilidad económica, esto se tradujo en una implementación gradual del cambio y estímulos para las empresas, y diálogo social, esto implicó analizar cerca de 19 modalidades de jornada de trabajo.
“Si bien esta discusión laboral muchas veces tiene un componente que es político ideológico de visiones, de cómo tiene que ser el trabajo, las relaciones laborales y la producción, el diálogo social te permite no solamente construir acuerdos, sino que también te permite entender política y técnicamente dónde están los problemas concretos de esos sectores productivos”, expresa.
“Los discursos catastrofistas no se cumplieron”
El funcionario chileno narra cómo la iniciativa impulsada por Cariola y Vallejo enfrentó en su momento la crítica de varios sectores, que advertían sobre un efecto económico negativo, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Desempleo, informalidad y daño al mercado laboral fueron palabras comunes en el discurso, tal como ha ocurrido en México con ésta y todas las últimas reformas laborales.
Nada de esto se ha materializado a dos años de implementación de la Ley 40 horas. De hecho, apunta Giorgio Boccardo, los niveles de productividad laboral se han mantenido y en algunos casos particulares hasta han aumentado.
“Esos discursos catastrofistas que en algún momento se plantearon no lo hemos observado. Creo que también en eso influyó el modo en que se hizo la reforma y no solamente la reducción de jornada en sí, que es lo que quizás queda más a la vista”, agrega.
De ahí la relevancia del principio de responsabilidad económica con el que se construyó este cambio, explica. Para ello analizaron las mejores prácticas en otros países y definieron que un modelo de implementación gradual de una hora por año reflejaba más el consenso de la experiencia internacional. “La clave para no tener efectos negativos en el mercado laboral era la gradualidad”. Pero también incentivos para las empresas.
Mecanismos alternativos de descanso
Debido a las particularidades de cada actividad económica, el modelo chileno contempló formatos diferenciados para ciertas industrias, ya que no en todos los casos resultaba práctico reducir la jornada una hora por día. Dos ejemplos de ello –muy similares al caso mexicano– son los relacionados con la minería o el trabajo doméstico.
En estos sectores, entre otros, se optó por “mecanismos alternativos de descanso”. De esta manera, en lugar de acortar jornadas, se establecieron días adicionales de descanso al año, calculados para cumplir con el promedio semanal de 40 horas. Según Boccardo, estos ajustes permitieron mantener la productividad sin perder el objetivo central de la reforma: que las personas realmente dispusieran de más tiempo libre.
Junto con la reducción de la jornada semanal, la reforma contempló también medidas enfocadas en la conciliación vida-trabajo. Entre ellas, el modelo de trabajo 4x3, es decir, jornadas de 10 horas por cuatro días y tres de descanso; horarios diferenciados de ingreso y salida para padres o madres de hijos menores de 12 años y banco de horas extra para ser intercambiadas por días adicionales de descanso en el año.
“Todas estas indicaciones que incorporamos en este proyecto buscaban entregarle más espacio de libertad, más autonomía a los trabajadores para poder adaptar mejor sus necesidades familiares, personales con el trabajo”, destaca.
Aprendizajes para el caso mexicano
Para Giorgio Boccardo, una reforma de esta naturaleza requiere más que buena voluntad. La experiencia chilena mostró que el rol del gobierno es clave para conducir el proceso, articular a los distintos sectores y sostener los acuerdos alcanzados. “Una reforma de la jornada laboral implica un nivel de trabajo, de despliegue y de diálogo que desde el Ejecutivo se puede conducir de mejor manera”.
La Ley 40 horas no sólo se ha consolidado como una política pública, explica el funcionario, sino que es reconocida por la ciudadanía como una de las reformas más significativas de los últimos años. “Creemos que este gobierno, junto a la reforma de salario mínimo y de pensiones, probablemente va a ser recordado justamente por haber sido el gobierno que redujo la jornada de 45 a 40 horas”, señala.
Entre las recomendaciones que plantea para el contexto mexicano, destaca tres elementos centrales: establecer un diálogo social tripartito que reconozca las particularidades de cada sector; definir una transición gradual que permita a las empresas adaptarse sin perder competitividad, y construir legitimidad ciudadana en torno al propósito de esta reforma.
“Y mucha paciencia también. Por supuesto, mucha paciencia”.