El mismo día en que se concretó la decisión de eliminar los fideicomisos en el Senado de la República, miércoles 21 de octubre, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, acudió a la conferencia matutina en Palacio Nacional. Habló específicamente de los 26 fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación y reconoció que la mayor parte de sus fondos son autogenerados, no habló de montos ni dio un diagnóstico concreto.  

Señaló que hubo pulverización de fondos, dispersión e iniquidad, por ejemplo, de los 35 fideicomisos mixtos, aseguró que de 2013 a 2018, 80% de los recursos se destinaron a obras de infraestructura de obra de civil  y sólo 8% para investigación en ciencia básica, además de que 55% de ellos fueron a diez estados.  

Habló de malos manejos específicamente en el Centro de Innovación y Desarrollo Espacial, en el Estado de México y en el Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria en Hidalgo, de igual manera habló del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y lo acusó por malos manejos por 82 millones de pesos, además de señalar a Ana Díaz Aldret, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), por supuestas irregularidades en el Consocio Centromet y a Julia Tagüeña Parga a la que se acusó de auto asignación de recursos e “irregularidades graves en asignación y administración”.  

Ante los hechos las reacciones no se hicieron esperar, de entrada, el doctor Enrique Cabrero exdirector del Conacyt, al ser entrevistado por una estación de radio, negó categóricamente los señalamientos, pues asegura que en lo que a su administración comprende se dieron más de 22 auditorías para manejar los fideicomisos y que más de 10 mil miembros respaldan el trabajo. Sobre las acusaciones directas a la investigadora Díaz Aldret, dijo:

“No entiendo por qué da a entender que yo habría nombrado a mi esposa en un solo año (...) Y además no hay ni un solo viaje para ella con estos supuestos presupuestos", concluyó pidiendo respeto para su esposa.  

Por su parte, la doctora Julia Tagüeña, coordinadora del Foro Consultivo entre 2019 y 2020, presentó una carta aclaratoria respondiendo a las acusaciones tanto al FCCyT como a su persona, “estas son falsas y tendenciosas”. Dijo que de entrada este organismo existe por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología en su artículo 38 desde 2002 y opera como asociación civil por mandato normativo. Por lo tanto, “es falso que la entrega de recursos haya sido irregular”.  

Sobre la acusación de adquirir un inmueble y tener gastos diversos con presupuesto público, Tagüeña aseguró que la propiedad fue adquirida mediante recursos autogenerados y se comunicó a las autoridades, esto además fue reconocido por un Juez Federal en la sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019.  

Además refirió que nunca cobró contraprestación pues su posición en el FCCyT fue honoraria, y que cuando estuvo a cargo de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, la cual tiene bajo su encargo la administración de apoyos a Asociaciones, Academias y Sociedades Científicas, tiene un procedimiento concreto para el otorgamiento de recursos del FOINS y se requiere de la anuencia de múltiples personas.  

Por último, la Red ProCiencia.Mx, aseguró que la mezcla de datos no contribuyó a discutir con pertinencia el tema de los fideicomisos , y citó un ejemplo. La empresa DTM Tecnologías fue mencionada como beneficiada con 147.9 millones de pesos. “Más allá de que se tendría que revisar cada convenio y trabajo desempeñado por dichas empresas, llama poderosamente la atención que dentro del programa denominado por el Conacyt como Fordecyt-Pronaces (siendo el Fordecyt uno de los fideicomisos que va a desaparecer), a uno de los proyectos de lucha contra el covid-19 se le asignó a la misma empresa DTM Tecnologías la cantidad de 168.4 millones de pesos, como se reportó en los pro

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