En semanas recientes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dedicado tiempo de sus conferencias matutinas a criticar espacios académicos como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por extensión a las universidades públicas autónomas. Reiteradamente se ha cuestionado la valía de estas para velar por los intereses de la nación, “esto es una crítica indirecta tanto a la autonomía universitaria como a las libertades académicas”, asegura el doctor Rafael Bojalil Parra, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Aun cuando las universidades tienen una larga tradición, ahora están bajo una verdadera amenaza por argumentos insostenibles que si bien pueden tener cierta razón en términos de los problemas por resolver, no justifica de ninguna manera las agresiones que están recibiendo por parte del gobierno federal y de organismos concretos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, dijo Bojalil Parra.

Estos hechos han obligado a instituciones académicas a reflexionar y generar un diálogo con la sociedad para entender la importancia de la libertad que debe prevalecer en estos espacios. Es necesario reforzar el trabajo al interior de las instituciones de educación superior con el fin de incrementar en el corto plazo “nuestra comunicación con la sociedad para hacerle saber que sí estamos cumpliendo con nuestra función social para generar aliados y no meros espectadores”, afirmó el doctor Fernando del Río Haza, profesor emérito y académico del Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa, durante el Programa Autonomía Universitaria y Libertad de Investigación, organizado por la UAM.

Al respecto explicó que la función de la universidad es servir a la sociedad y aprovechar los conocimientos que históricamente se han acumulado, “de ahí la importancia de recalcar la libertad académica y salvaguardar la autonomía y si hay críticas, que vengan, pero que estén basadas en información seria y argumentada”.

El problema es que en la práctica desde los poderes legislativo y ejecutivo, sucede todo lo contrario, aseguran. Por ejemplo, “se proponen iniciativas para limitar o de plano cancelar la autonomía de nuestras instituciones de educación superior públicas, pero son triviales, carecen de análisis, datos e información, además de que no hay una reflexión o motivación racional detrás de ellas por parte del Ejecutivo”, recalca el doctor del Río Haza.

Las consecuencias en este sentido es que mientras las universidades desarrollan programas e investigaciones en aras del desarrollo del país, el conocimiento científico se vierte en palabras y números “en blanco y negro”, ante ese escenario la productividad bajará y difícilmente se mantendrían los grupos de investigación por ser muy difíciles de evaluar. 

El doctor Romualdo López Zárate, investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco, coincidió con su colega y agregó: “los próximos tres años pueden entorpecer o detener el desarrollo de las universidades, ya que al parecer el grupo asesor del presidente no entiende lo que son estas instituciones o no tiene la más mínima idea de la función social de éstas”. También denunció “acciones a medias” por parte del gobierno, si bien en Tabasco creó la Universidad Chontalpa, las llamadas Benito Juárez no cumplen con las características básicas de lo que debe ser un centro de educación superior, debido a que no tienen cuerpos colegiados ni libertad para proponer planes y programas de estudio; profesores de tiempo completo y seguridad laboral; por tanto, resulta preocupante “esta visión limitada e ingenua”.

Clima enrarecido en el CIDE

En este dilema se encuentran también en instituciones con alta reputación histórica académica como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que no es autónomo, que depende directamente del gobierno, pero que ha realizado por años investigación con datos serios y con ciencia de alta calidad, de acuerdo con lo sustentado por sus pares, incluso ha dado la oportunidad para la profesionalización del periodismo, una herramienta considerada fundamental en toda nación democrática que defiende el derecho a la información.

Este trabajo hoy corre peligro ante una serie de decisiones que han sido denominadas por los involucrados como “arbitrarias, con violaciones al reglamento interno que complican las condiciones de trabajo y la libertad de cátedra que podría desencadenar en una parálisis institucional”. El doctor López Zárate dijo que “es preocupante esta perspectiva del gobierno federal respecto de la ciencia y la tecnología porque tal parecería que se ha regresado a la década de 1990 en cuanto a lo que se destina a estos aspectos del Producto Interno Bruto, pero sobre todo a esta “actitud descalificadora, homogeneizadora que puede hacer mucho daño, por lo que seguiremos defendiendo la libertad académica y la autonomía universitaria”.

El presidente López Obrador pareciera desconocer o no querer valorar la contribución que han hecho estas instituciones al desarrollo del país, “pero lo cierto es que no fue gratuito que en la modificación constitucional de 2019 quitara la autonomía como una manera de decir si quieren persistir y tener mayor presupuesto deben estar al servicio de lo que pienso y no del conocimiento”, dijo López Zárate.

Derecho y compromiso para levantar la voz

La doctora Julieta Espinosa Meléndez, profesora del Departamento Interdisciplinario para el Desarrollo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aseguró que las comunidades de investigadores tienen todo el derecho y el compromiso para levantar la voz y manifestarse sobre los efectos que puede tener esta política general y las preocupantes consecuencias que puede acarrear.

En este sentido, el caso del CIDE ha estado en la mira en días recientes, después de la cancelación de las comisiones dictaminadoras y la destitución de la secretaria académica, Catherine Andrews, aunada a la destitución de Alejandro Madrazo Lajous, exdirector de la Sede Regional Centro del CIDE, se han generado movilizaciones, tanto de docentes como de sus estudiantes. Con cartas públicas cuestionando al director interino, José Romero Tellaeche, con un pliego petitorio donde no sólo solicitan su renuncia, sino la cancelación de su candidatura como director para el próximo periodo, además de una marcha frente a las instalaciones del Conacyt el pasado 19 de noviembre.

Este caso incluso ha llegado a instituciones de educación superior en el extranjero que se han solidarizado con la causa, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes Mexicanos de Columbia (MEXSA) y la Asociación Mexicana de la Universidad de Chicago expresaron su apoyo a la comunidad estudiantil y académica, además solicitaron respeto a sus reglas internas y que no se desmantele esta institución a la que denominan “de formación fundamental para México”.

nelly.toche@eleconomista.mx

kg