Si nos atenemos al calendario que perfiló Kenia López, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, a estas alturas van 14 días de foros en pos de la iniciativa de Ley General de Cultura. Sólo ella sabrá qué ha ocurrido.

Letras Libres quiso animar un frente de diálogo y polémica sobre la política cultural del Estado, para ellos, la del Conaculta. Tampoco hemos podido dar con reacciones al compendio de análisis. Comentamos hace días dos de las seis tribulaciones de Armando González Torres, uno de los 10 que intervienen en el llamado examen.

Sobre su aportación, sin duda la mejor lograda, sólo habré de añadir que su incursión en el capítulo de Empresas culturales es pobre. Está ausente la visión que impone el análisis de la economía cultural y, por ello, sus breves dichos y propuestas son más bien enunciados sin rumbo.

Le sigue Roger Bartra quien en su crítica al avispero de opinadores que inundan la transición democrática , rehúye el compromiso de señalar casos. Suelta dardos y allá quien se deje alcanzar. Rafael Lemus ataca el efecto de becas y homenajes en la clientela literaria y a todo beneficiario acusa de complicidad con el aparato. De nueva cuenta asoma la incapacidad de nombrar lo concreto y las soluciones que apunta no van a lo estructural. Piensa en crear públicos, pero no atisba que en conjunto estamos ante consumidores.

Al dar rienda suelta a su encono, Antonio Castro sólo se preocupa por la fantasmagórica Compañía Nacional de Teatro. Sus intereses tiene. Pero hubiera sido mejor que se adentrara en Yucatán o Nuevo León que en Francia y Alemania, así como fijara las implicaciones de los agentes privados que, felices, quitan espectadores a las instituciones.

María Minera pide desaparecer la Coordinación Nacional de Artes Plásticas del INBAL. Es enjundiosa su diatriba, pero como en otros componentes del examen, deja incólume el ingrediente sindical, ni como por asomo refiere al modelo económico y de gestión de los museos y que son los de la institución.

Cosa parecida le pasa con la música a Juan Carlos Reyna quien, furibundo, proclama que Sáizar y Vicencio son herederas del Paternalismo Regionalista Institucional (PRI). Acusa al sindicalismo, celebro que sea el único que refiera al tramado del empleo, pero su rabia le impidió proponer lo consecuente: un nuevo diseño de políticas públicas.

El resto de examinadores son: Carlos Bonfil, siempre bien por lo que refiere al cine; en TV, Guillermo Espinosa se queda tibio ante los canales 11 y 22, y a locas mete en el saco a la UNAM; Pablo Duarte repite lo que sabemos de la radio pública y Daniel Saldaña hace comparaciones odiosas y poco necesarias para completar el panorama de su colega Minera.

En suma, el examen es parcial y por momentos malintencionado. No es un análisis de políticas públicas en cultura desde una noción de Estado. Es una suerte de puesta al día de temas, ajuste de cuentas y posibles soluciones. Más de uno podría lanzar su escrutinio. ¿Por qué no lo hacen?

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