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Arte e Ideas

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Conaculta: buenas costumbres, malos manejos

Las observaciones se refieren principalmente a que el Consejo no diseñó indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento de sus estrategias.

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Las auditorías practicadas al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), como parte del proceso de revisión de la Cuenta Pública 2011, realizado por la Auditoría Superior de la Federación, arrojó resultados negativos, no sólo con respecto al manejo de los recursos financieros, sino también en lo que se refiere a la promoción del desarrollo de la cultura en el país.

En efecto, la ASF de la Cámara de Diputados llevó a cabo dos auditorías: una de desempeño y una de financiamiento y cumplimiento al programa Impulso al Desarrollo de la Cultura, a cargo del Conaculta, en cuya ejecución se ejercieron 537.2 millones de pesos. La primera derivó en la emisión de 20 observaciones, tres de ellas fueron solventadas, mismas que generaron 30 recomendaciones al desempeño.

Las observaciones se refieren principalmente a que el Conaculta no diseñó indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 ni organizó la información del sistema contable para determinar los costos de los apoyos dirigidos a la creación del arte, y a la promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural; no vinculó los objetivos de corto con los de mediano plazo ni tampoco acreditó las diferencias en cifras de los reportes internos de apoyos a la creación del arte.

Asimismo, no realizó la evaluación del desempeño del programa ni presentó información suficiente para evaluar los resultados del impulso al desarrollo de la cultura en los principales documentos de rendición de cuentas.

La auditoría financiera, por su parte, generó 28 observaciones y 22 recomendaciones, además de tres solicitudes de aclaración y 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Así, se determinaron recuperaciones probables por 34.1 millones de pesos, al tiempo que existen 571.6 millones de pesos por aclarar.

La ASF considera en su reporte que el Conaculta no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para el ejercicio de los recursos, entre las cuales se distinguen las relativas al reconocimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) por 516.7 millones de pesos, ya que generó un pasivo circulante por 1,187.3 millones de pesos no registrados en los módulos correspondientes ni reportados a la SHCP.

No demostró que los saldos por 34,1 millones de pesos de 22 cuentas bancarias estaban devengados al cierre del 2011; el manejo de los recursos de dos partidas restringidas no se sujetó a los lineamientos respectivos; realizó adjudicaciones directas por 32 millones de pesos sin garantizar las mejores condiciones para el Estado.

De igual forma, no cuenta con un sistema de control de inventarios: se adquirieron 7,815 discos compactos de una obra musical por 453,003 pesos que no se destinaron para el fin determinado en el programa y 48,780 unidades por 2.8 millones que no tenían destino definido.

No se contó con la información y documentación del proceso de contratación celebrado con Artmex Viajes, SA de CV; emitió cuentas por liquidar certificadas por 6.5 millones de pesos sin estar en favor de los beneficiarios directos; y no cumplió con la realización de la Evaluación de Consistencia y Resultados del programa presupuestario E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura, mediante la evaluación externa señalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Los reportes de estas auditorías ponen de manifiesto que las acciones desarrolladas por el Conaculta durante los primeros cinco años del régimen anterior se apegaron más a la costumbre que a una planeación bien definida, mientras que en lo referente al manejo de los recursos, prevalece la falta de apego a la normatividad vigente, tal vez amparada en la idea de que las necesidades del sector cultural son diferentes a las del resto del sector público.

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