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Académico de El Colef vislumbra nuevo enfoque en temas migratorios México-EU
Este sábado los presidentes de México y Estados Unidos tuvieron un primer acercamiento telefónico y hablaron de cambiar la política migratoria.
Un mes y medio después de que Joe Biden fuera electo presidente de Estados Unidos, este sábado 19 de diciembre se dio la primera conversación telefónica con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. El equipo de transición del estadounidense reveló que ambos líderes estuvieron de acuerdo en la necesidad de “revitalizar la cooperación entre Estados Unidos y México para garantizar una migración segura y ordenada, contener el coronavirus, impulsar las economías de América del Norte y asegurar la frontera común”.
Sobre el tema de migración, esto supone una ruptura radical sobre el discurso de mano dura promovida por el presidente Donald Trump desde 2016, donde una de sus primeras promesas fue la construcción de un muro en la frontera con México, lo que provocó constantes ataques a los mexicanos y centroamericanos. Después de este escenario, ambos mandatarios acordaron colaborar en un nuevo enfoque regional para que los migrantes “no emprendan el peligroso viaje a Estados Unidos”.
De acuerdo con el doctor Rafael Alonso Hernández López, coordinador del Doctorado en Estudios de Migración de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), México en este sentido ha tenido una serie de contradicciones en el manejo de los flujos migratorios ya que el discurso ha sido hasta ahora de respeto a los derechos humanos pero pareciera que en la práctica existe una dinámica de detección, detención y deportación.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), del 2010 al 2020, alrededor de 1’300,000 personas han sido presentadas ante el Instituto Nacional de Migración, de las cuales más del 87% fueron devueltas a sus países de origen, principalmente personas provenientes de Centroamérica, con lo cual se puede observar que existe una política migratoria enfocada principalmente en la devolución.
En ese sentido, explica que con el cambio de gobierno a nivel federal en México, el paradigma de la política migratoria partía de un discurso de respeto pleno de los derechos humanos de la población migrante, incluso en los primeros meses de la nueva administración se entablaron diálogos con diversos actores involucrados en el tema con el fin de lograr este cambio, particularmente hubo acercamientos con organizaciones de la sociedad civil, debido a que son quienes, durante años, han brindado apoyo y acompañamiento a migrantes.
Sin embargo, el investigador de El Colef señala que este cambio se vio interrumpido por las amenazas arancelarias y comerciales del gobierno de Estados Unidos hacia México si no aplicaba medidas más estrictas para disminuir el flujo de migrantes hacia su frontera sur; cuestión que generó un escenario, nuevamente, restrictivo.
A pesar de que el discurso de campaña en aquel entonces del presidente de México estuvo todo el tiempo dirigido a buscar la protección de los migrantes, en un acuerdo generado en mayo de 2019, el gobierno mexicano se comprometió ante Estados Unidos a desplegar a la Guardia Nacional en sus fronteras y a aceptar a más solicitantes de asilo bajo el programa de los Protocolos de Protección de Migrantes.
Ese plan permitió que Estados Unidos enviara a México a cerca de 70,000 personas sólo a esperar que un juez atendiera sus casos en cortes migratorias improvisadas, tomando en cuenta que el proceso podía tomar muchos meses, la espera se volvía inhumana, pues dicho por organizaciones de derechos humanos los migrantes se encuentran vulnerables ante peligrosas ciudades de la frontera, donde están aislados y sin acceso a abogados que los defiendan.
En este primer encuentro telefónico Joe Biden ha prometido acabar con ese programa en cuanto llegue a la Casa Blanca, además de implementar una serie de medidas en sus primeros 100 días de Gobierno para acabar con las políticas migratorias más criticadas del presidente saliente; se espera que con este revire de política, el gobierno mexicano vuelva a conectar el discurso con los hechos y que regrese ese paradigma del respeto pleno a los derechos humanos, que se cambie el chip de la detención como argumento de contención.
