Oaxaca, Oax. 12 años después de que la Ciudad de México despenalizara el aborto hasta la semana 12 de gestación, en septiembre del 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en hacerlo. Han pasado dos años desde que el Congreso local aprobó estas reformas a la ley, y todavía existen lagunas que impiden a las mujeres acceder a este derecho.

Itzel N necesitaba interrumpir su embarazo, sabía que es legal hacerlo en su estado, pero cuando acudió al Centro de Salud de Juchitán, la localidad en la que vive, le dijeron que tenía que ir a la ciudad de Oaxaca; en la capital se encuentran las únicas dos unidades en donde es posible realizar este procedimiento.

Isabel G, por su parte, residente de la capital oaxaqueña y trabajadora de un restaurante, supo que estaba embarazada hasta la semana 11 de gestación; acudió al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso pero por el avance de su embarazo no pudo interrumpirlo de manera gratuita y segura. En esta unidad el procedimiento sólo se lleva a cabo cuando la persona gestante es apta para realizar con medicamentos; no se realizan interrupciones con el método quirúrgico.

Tania L nunca acudió a las unidades médicas ni de su comunidad ni de la capital; encontró información en internet, consiguió las píldoras e interrumpió su embarazo en su casa con el único acompañamiento y seguimiento de su familia y amigas.

Legal no es igual que universal

La despenalización del aborto supondría estar acompañada de sistemas que brinden, de manera integral y universal, el derecho a interrumpir un embarazo a todas las mujeres y personas gestantes que así lo deseen. Sin importar dónde vivan, sus circunstancias socioeconómicas, sus edades o las razones por las que están tomando esa decisión. En realidad esto no sucede; en Oaxaca todavía existen obstáculos y pendientes importantes que resolver en materia de educación y acceso a la educación sexual, reproductiva y familiar.

En entrevista con El Economista, Valentina Jaso, integrante de la colectiva Las Consejeras Oaxaca, dijo que aun con la despenalización en 2019 y el trabajo y activismo de las mujeres y organizaciones por tener sistemas integrales de salud, el camino aún es largo.

Si bien la despenalización flexibiliza los límites que tenemos para acompañar a las mujeres en sus decisiones y procesos, la realidad es que la capacidad de acción sigue siendo limitada. Hasta el momento los servicios de interrupción segura y gratuita del embarazo sólo se pueden recibir en dos lugares: el Hospital General y la Clínica de la Mujer, ambos están en Oaxaca capital. Y sólo se pueden hacer con medicamentos. Pero todas las mujeres que están fuera o que no tienen posibilidades económicas o incluso de información quedan rezagadas de su derecho, dijo.

Actualmente está en proceso la integración de estos servicios en el Centro de Salud de la colonia Volcanes. También en la ciudad de Oaxaca.

La colectiva, que desde el 2008 trabaja informando y acompañando -sin estigmas- a las mujeres y personas gestantes en sus decisiones sexuales y reproductivas, compartió que uno de los hechos importantes a partir de la despenalización del aborto en 2019 fue el incremento de las solicitudes de asesoría. “Ahora tenemos más llamadas o solicitudes de información, pero después de que les comentamos las opciones no vuelven a llamar y perdemos la pista; a veces por cuestiones económicas, a veces por miedo o simplemente porque no tienen medios para continuar con sus procesos”.

En la ciudad de Oaxaca y capital del estado también existe una clínica especializada en derechos sexuales y reproductivos que ofrece servicios de interrupción del embarazo de manera segura, pero no gratuita. Aunque las mujeres y personas gestantes pueden solicitar un estudio socioeconómico para recibir descuentos, los servicios no son gratuitos.

La alternativa del aborto seguro en casa termina siendo la única opción para quienes desean interrumpir sus embarazos y no tienen medios o recursos para asistir a la capital.

Las Consejeras Oaxaca consigue y suministra Misoprostol y Mifepristona a quienes se encuentran en otras comunidades. Responden a las solicitudes de información y asesoran, guían y dan seguimiento psicológico, encuentran espacios en radio o en autobuses para ampliar el conocimiento respecto de la salud sexual y reproductiva e incluso traducen algunos podcasts o textos al zapoteco para que puedan funcionar en comunidades indígenas. El trabajo de colectivas como esta, activistas y redes de mujeres ha sido fundamental para que paulatinamente este derecho sea universal, sin embargo, estas tareas corresponden al Estado.

Aunque la despenalización del aborto en Oaxaca en el 2019 implicó un avance importante en materia jurídica; básicamente porque impide que las mujeres o personas gestantes que interrumpan sus embarazos sean castigadas por la ley, el resto de las esferas que abarcan la interrupción voluntaria del embarazo todavía están pendientes.

Al asistir a las unidades médicas que brindan estos servicios también se encontró que no cuentan todavía con protocolos o lineamientos específicos para llevar a cabo estos procedimientos; lo que termina incrementando la dificultad para que las personas accedan a este derecho o incluso la imposibilitan.

Siguen viajando a la CDMX

Entre el 2019, 2020 y los primeros nueve meses del 2021 las unidades de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México han atendido a 41 usuarias provenientes de Oaxaca, lo que sugiere que podrían haber mujeres que no pudieron acceder a los servicios en su propio estado, aún cuando se supone que ya es legal y están disponibles; porque no pudieron acceder a ellos o porque los desconocían.

En este sentido, Valentina Jaso de Las Consejeras Oaxaca resaltó que efectivamente, hace dos años que se despenalizó el aborto en la entidad pero muchas mujeres ni siquiera lo saben.

A dos años de la despenalización del aborto en Oaxaca, los avances han sido modestos y en gran parte son producto de la colectividad y las redes de apoyo entre la población y las organizaciones civiles. Pero el aborto, aunque ya es legal, todavía no es un derecho universal, ni totalmente gratuito, y como producto de ello, tampoco se ha convertido en un procedimiento seguro.

Ejercer la autonomía sobre el cuerpo y los proyectos de vida es un derecho básico de salud pública, pero la despenalización no será suficiente para garantizarlo siempre que no se acompañe de políticas integrales e interseccionales que contemplen condiciones y diversidades en materia sexual y reproductiva.

Después de Oaxaca tres estados más (Veracruz, Hidalgo y Baja California) han retirado el aborto voluntario como delito de sus códigos locales. Al tiempo que de forma histórica, el máximo tribunal en México declaró que es inconstitucional castigar penalmente a las mujeres y personas gestantes que interrumpen sus embarazos de manera voluntaria. 

Estos avances, en términos generales significan que nadie más irá a la cárcel o enfrentará un proceso jurídico por abortar. Queda pendiente universalizar este derecho, generar protocolos especializados y dar gratuidad total a estos servicios. En los estados donde todavía es ilegal, y en los que ya es legal también.

ana.garcia@eleconomista.mx