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Prevén regulación “más estricta” para bancos de Paraguay
El Banco Central de Paraguay podría endurecer los requisitos de capital: Moody’s.
Sobre la posibilidad de que la crisis de Ueno Bank se extienda a otras entidades financieras en Paraguay, Moody’s considera que el riesgo de contagio podría mantenerse acotado, siempre que el proceso se desarrolle de manera rápida y ordenada. Bajo ese escenario, la calificadora estima que el impacto sobre la economía real sería "modesto y temporal".
Uno de los vínculos financieros relevantes corresponde a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), identificada como el principal acreedor local de Ueno. A junio de 2026, su exposición equivalía a 38% del patrimonio neto del banco. No obstante, Moody’s señala que esa exposición está garantizada por préstamos otorgados con fondos de la propia agencia. Este elemento forma parte de la evaluación de los riesgos que podrían trasladarse desde la entidad intervenida hacia otros actores del sistema financiero.
La velocidad y el orden de la resolución serán determinantes para contener eventuales efectos sobre la confianza y evitar que las dificultades de una institución se conviertan en un problema más amplio para el mercado.
Prevén endurecimiento de regulación
Más allá de las consecuencias inmediatas, Moody’s advierte que el caso podría llevar al Banco Central a endurecer los requisitos de capital y acelerar la adaptación de la regulación paraguaya a los estándares de Basilea III, el marco internacional que establece parámetros para la solvencia, la gestión de riesgos y la estabilidad de las entidades bancarias. La calificadora considera, sin embargo, que los bancos paraguayos cuentan con posiciones de capital suficientemente sólidas para absorber eventuales exigencias adicionales.
A septiembre de 2026, el capital regulatorio del sistema equivalía a 17,1% de los activos ponderados por riesgo, un indicador que refleja la capacidad de las entidades para respaldar sus operaciones frente a los riesgos asumidos.
La resolución de Ueno abre así una etapa de evaluación para el sistema financiero paraguayo. La protección de los depósitos no cubiertos, la redistribución de los fondos entre entidades y una eventual revisión de las exigencias regulatorias serán algunos de los factores que marcarán el alcance de sus efectos.