Estados Unidos pedirá extradición de juez mexicano detenido en Colombia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención en Colombia del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, acusado de recibir un soborno a cambio de ordenar la liberación de Andrew Clark, un ciudadano canadiense identificado por autoridades estadounidenses como segundo al mando de la organización internacional de tráfico de cocaína encabezada por el exatleta olímpico Ryan James Wedding.

Benítez Alcántara, de 49 años y residente en Ciudad de México, fue detenido el domingo 1 de noviembre en Colombia. La fiscalía estadounidense lo acusa de nueve cargos de encubrimiento posterior a un delito (accessory after the fact), por presuntamente utilizar su cargo para facilitar que Clark evitara la detención y el procesamiento judicial en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense anunció que solicitará la extradición del exjuzgador mexicano desde Colombia para que enfrente los cargos ante una corte federal del Distrito Central de California.

Según la acusación presentada el 4 de septiembre, Benítez Alcántara se desempeñaba como juez de distrito en Ciudad de México y estaba a cargo del procedimiento de extradición de Clark, quien había sido detenido en México en octubre de 2024 por cargos estadounidenses relacionados con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio.

Para noviembre de ese año, Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición del ciudadano canadiense. Sin embargo, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark habría transferido alrededor de 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y en cantidades pequeñas para conseguir su liberación.

La acusación sostiene que, dentro de ese esquema, se negoció el pago de aproximadamente 2 millones de dólares al juez mexicano a cambio de concederle la libertad bajo fianza y ordenar su salida de prisión.

Además, se contemplan nueve cargos de encubrimiento posterior a un delito. Según las autoridades, si es declarado culpable de todos ellos, podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión federal por cada cargo, hasta un máximo legal de 135 años.

El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, afirmó que su gobierno buscará procesar a funcionarios públicos que, desde cualquier país, faciliten las operaciones de organizaciones criminales que actúan en territorio estadounidense.