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Sheinbaum y FGR presentan nueva ley contra feminicidio: Hasta 70 años de cárcel y castigos más severos
El gobierno de México presentó una iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio, la cual será enviada al Congreso de la Unión.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó que la iniciativa plantea una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia.
El gobierno de México presentó una iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio, la cual será enviada al Congreso de la Unión y que busca establecer un marco jurídico nacional que obligue a todas las autoridades a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó que la iniciativa plantea una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia, con el objetivo de homologar el tipo penal en todo el país y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
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“Hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia”, afirmó Godoy.
Entre los elementos centrales, se contempla reconocer nueve razones de género para tipificar el delito, como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima o exposición del cuerpo.
La propuesta establece penas de 40 a 70 años de prisión para el delito de feminicidio, así como sanciones para su tentativa y al menos 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, migrante o perteneciente a pueblos originarios.
Además, plantea que el delito sea imprescriptible, que se investigue de oficio y que el responsable pierda derechos como la patria potestad, derechos sucesorios y cualquier beneficio legal relacionado con la víctima.
Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de protocolos homologados de investigación con perspectiva de género, así como el denominado “turno continuado”, que busca evitar interrupciones en las indagatorias por cambios de personal ministerial.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, subrayó que la propuesta también incorpora un enfoque integral de atención a víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio.
La iniciativa reconoce derechos como acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica, asesoría jurídica gratuita, servicios de educación y salud para menores, así como la restitución digna de los cuerpos a sus familias.
Asimismo, contempla la reparación integral del daño, que no solo incluye compensación económica, sino políticas públicas de restitución de derechos y protección a víctimas indirectas.
La subsecretaria también destacó la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, con el fin de diseñar políticas públicas específicas para su atención.
Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa será enviada de inmediato al Senado y subrayó que uno de los cambios más relevantes es la obligación de investigar todos los casos como feminicidio desde el inicio.
“Eso va a obligar a que ningún ministerio público, como ha pasado muchas veces, diga ‘se suicidó’ o ‘fue otra causa’. De inicio, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio”, enfatizó.
La titular del Ejecutivo federal añadió que el objetivo de la reforma es erradicar la violencia feminicida y evitar la revictimización, al impedir que los casos sean mal clasificados desde el inicio de las investigaciones.