Segob y SRE niegan patrón de desapariciones de madres buscadoras y defienden estrategia 

El Gobierno de México aseguró que atiende el problema de desaparición en el país con compromiso porque es un tema prioritario, además de que condenó cualquier acto de violencia y aseguró que no existe un patrón de desapariciones de madres buscadoras.

"El Gobierno de México precisa que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras. Cada caso de desaparición es importante y se atiende con la debida diligencia", defendió la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Lo anterior, como respuesta al comunicado emitido por cuatro expertos de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que solicitaron a México proteger a las madres buscadoras debido a los niveles alarmantes que sufren de violencia, cuyos casos más graves sufren desaparición forzada o asesinato.

Los expertos recordaron diferentes casos que las madres buscadoras sufrieron, como la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla o el asesinato de la integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, Rubí Gómez-Tagle, entre otros.

Asimismo, los expertos instaron al país a que reconozca públicamente la importancia de la labor de las buscadoras, al mismo tiempo que celebraron que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

Cooperación para obtener resultados

La SRE indicó que la opinión de los cuatro expertos fue a título personal y de forma independiente, "por lo que sus opiniones no reflejan la posición de la Organización de las Naciones Unidas", pero reconoció que tiene desafíos que enfrentar en cuanto búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia por esta problemática.

Recordó que en los últimos años implementaron y fortalecieron diferentes acciones, reformas legales y políticas para combatir este delito, además de la importancia de la cooperación internacional.

"De la mano de agencias de las Naciones Unidas, como la ONU-DH y el UNFPA, así como de la CIDH, se han fortalecido los mecanismos de asistencia técnica y capacitación para contar con mejores herramientas en la atención de este delito", informó.

Subrayó que atender la desaparición de personas es una de las más altas prioridades en el país, por lo que el Gobierno se mantiene dispuesto al diálogo con mecanismos internacionales de derechos humanos con quienes compartirá información sobre los avances en el tema.

Atención al problema

El Gobierno federal aseguró que las autoridades han recorrido el país para dialogar con las familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan con la intención de atender sus planteamientos y subrayó que la búsqueda de personas "es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas, que estas asumen plenamente".

Manifestó que se cuenta con un marco jurídico e institucional específico para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de desaparición en el que se incluye proteger a las madres buscadoras, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales trabajan para que ninguna agresión quede impune.

Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas

Autoridades de que todos los niveles respaldan la labor de las familias e integran sus propuestas en las políticas públicas, el Gobierno recordó que consolidó la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas por medio de 10 acciones:

1. La creación e implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
2. La obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición.
3. La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
4. La creación de la Plataforma Única de Identidad.
5. La obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito.
6. El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
7. El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento especializado.
8. La obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas desaparecidas.
9. La garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.
10. La incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda.

"México reitera su apertura a la cooperación internacional y su disposición a seguir compartiendo información objetiva y verificable que contribuya a una valoración integral de los esfuerzos del país en esta materia", concluyó.