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Expertos internacionales alertan sobre la violencia a la que se enfrentan las madres buscadoras
Los expertos destacaron varios casos recientes en el estado de Sinaloa, donde el pasado 29 de agosto fue denunciada la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas.

Si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar a las buscadoras de personas desaparecidas, en México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia.
La violencia y agresiones de las que son víctimas las madres buscadoras en México han causado preocupación entre la comunidad internacional de defensores de los derechos humanos, quienes desde la ONU llamaron al gobierno a reconocer su labor y generar medidas efectivas para protegerlas.
A través de un comunicado publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un grupo de expertos independientes y relatores especiales, alertaron que las mujeres que buscan a familiares y otras personas desaparecidas en México están expuestas a desapariciones, asesinatos y ataques, y violencia extrema, todo ello en un contexto de impunidad casi total.
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En este contexto, recordaron que la búsqueda es responsabilidad del Estado y no puede recaer sobre las familias, por lo que pidieron medidas efectivas para proteger a las buscadoras y así cumplir sus obligaciones internacionales de protección de las personas defensoras de derechos humanos.
“Las mujeres que buscan a personas desaparecidas en México continúan enfrentando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, han terminado en su propia desaparición o asesinato”, señalaron este miércoles las y los expertos.
Además de observar que, si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar a las buscadoras de personas desaparecidas, en México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia.
Incluso, los expertos destacaron varios casos recientes en el estado de Sinaloa, donde el pasado 29 de agosto fue denunciada la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas.
Mientras que, ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores.
Y tres días después, el 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo mientras participaban en una manifestación pacífica en Mazatlán. Aunado a que el colectivo ya había sufrido otros ataques y en febrero de este año, una de sus integrantes, Rubí Patricia Gómez Tagle, fue hallada muerta en su domicilio en Mazatlán.
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Es así que recordaron que en el pasado ya habían expresado al gobierno mexicano su preocupación por su asesinato y por las amenazas y agresiones contra integrantes de la organización.
Además, señalaron que esta violencia se produce en un contexto de “impunidad casi total”, que favorece la actuación de los responsables.
“Se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias. Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”, enfatizaron.
Al tiempo que alertaron que la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público.
Asimismo, se dijo que esta advertencia llega después de que la Asamblea General de la ONU aprobara la designación del 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, que, dijeron, genera el reconocimiento internacional a “la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo” de estas mujeres.
No obstante, instaron a México a reconocer públicamente la importancia de su labor y a garantizar que puedan participar de manera segura en los procesos de búsqueda e investigación, sin que recaiga sobre ellas una responsabilidad que corresponde a las autoridades.
Este grupo de expertos está integrado por Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial sobre la situación de las personas de derechos humanos, Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, así como los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
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