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Rocha Moya y alcalde de Culiacán piden licencia temporal en medio de acusaciones de Estados Unidos
El gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán se separan temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones tras las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Foto: Captura de video
El gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencia a sus cargos en medio de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que los señalan, junto con otros funcionarios, de presuntos vínculos con el narcotráfico.
“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”, dijo en un breve mensaje difundido desde su despacho de Palacio de Gobierno.
Rocha Moya se separa del cargo
El gobernador de Sinaloa anunció que presentó ante el Congreso del estado una solicitud de licencia temporal para separarse del cargo, con el argumento de facilitar las investigaciones en su contra.
En un mensaje difundido en video, Rocha Moya insistió en que las acusaciones formuladas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York son “falsas y dolosas”, y sostuvo que carecen de sustento.
"Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras, lo digo clara y contundentemente, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”.
El mandatario, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta señalamientos por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de protección institucional, respaldo político y sobornos.
Alcalde de Culiacán también deja el cargo
A la par, en sesión de cabildo, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia a su cargo.
En su lugar, Ana Miriam Ramos Villarreal rindió protesta como alcaldesa provisional durante una sesión extraordinaria, en medio del mismo contexto de presión política y judicial.
Gámez Mendívil es uno de los funcionarios señalados en la acusación presentada en Estados Unidos, que lo vincula con una presunta red de colaboración con el crimen organizado.
Acusaciones desde Nueva York
El caso se originó tras una acusación formal presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Según el expediente, los implicados habrían participado en una red de corrupción que permitió al Cártel de Sinaloa traficar “cantidades masivas” de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para proteger a integrantes del grupo criminal, filtrar información sobre operativos y facilitar rutas de trasiego.
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México cuestiona pruebas y abre investigación
En México, la respuesta institucional ha sido de cautela. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de extradición, pero tras una revisión preliminar determinó que no contienen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de los señalados.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para analizar el caso, y dejó claro que cualquier acción, incluida una posible extradición, dependerá de que existan evidencias sólidas conforme a la legislación mexicana.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos presentar pruebas “contundentes e irrefutables” y advirtió que no se aceptarán acusaciones sin sustento.
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El caso ha generado una fuerte polarización. Mientras la oposición exige deslindes y responsabilidades, figuras del oficialismo han llamado a respetar la presunción de inocencia.