Restricción de celulares plantea otro problema: el resguardo y la responsabilidad por los dispositivos

La restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas, que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre, plantea un desafío que va más allá de evitar distracciones en las aulas: determinar qué ocurrirá con los dispositivos que los alumnos lleven a los planteles, quién deberá resguardarlos y qué responsabilidades podrían surgir si se pierden, son robados o resultan dañados.

El problema adquiere distintas dimensiones según las necesidades de cada familia. Mientras algunos padres prefieren que sus hijos dejen los teléfonos en casa, otros consideran indispensable que los lleven para mantenerse comunicados durante los traslados, especialmente cuando recorren distancias considerables o utilizan transporte escolar.

En entrevistas realizadas por El Economista, tres madres de estudiantes de primaria y secundaria coincidieron en respaldar las restricciones, pero expresaron opiniones diferentes sobre la custodia de los aparatos, las posibles sanciones y quién debería asumir las consecuencias económicas ante algún incidente.

Para Sebastián Plá Pérez y Janneth Trejo Quintana, investigadores del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la aplicación de las nuevas reglas requiere acuerdos entre las comunidades escolares, así como mecanismos que consideren las circunstancias particulares de los estudiantes.

¿Quién debe responder si un celular se pierde o resulta dañado?

Brenda Calzada, madre de Mateo, estudiante de primero de secundaria, consideró que la mejor manera de evitar problemas es que los alumnos no lleven sus teléfonos a la escuela.

Su hijo actualmente no utiliza un dispositivo durante la jornada escolar y, aunque reconoce que podría ser útil ante alguna emergencia, prefiere que permanezca en casa para evitar distracciones.

Sin embargo, si por alguna circunstancia Mateo tuviera que llevarlo, Brenda considera más conveniente que permaneciera apagado dentro de su mochila, en lugar de entregarlo a las autoridades escolares.

"Pienso que va a ser mucho caos si todos llevan su teléfono y van a resguardar todos los teléfonos", explicó.

Su preocupación no se limita al almacenamiento. También considera que reunir los dispositivos de numerosos estudiantes podría generar dificultades para identificarlos, conservarlos y devolverlos, especialmente si ocurriera algún incidente.

Al preguntarle quién debería responder si un teléfono se pierde, es robado o se rompe mientras permanece bajo custodia escolar, su respuesta fue que la propia institución tendría que asumir esa responsabilidad.

La postura contrasta con la de Mariana Villar, madre de Alejandro, quien considera que llevar un dispositivo contra las reglas escolares es una decisión cuya responsabilidad corresponde principalmente a las familias.

"Si llega a haber algún robo, que se llegue a dañar el dispositivo, pues obviamente es parte de uno que no pone atención ni respeta las reglas de la escuela", señaló.

Mariana explicó que su hijo no lleva celular al plantel y que está de acuerdo con mantener los dispositivos fuera de las actividades escolares, debido a que pueden distraer a los estudiantes de las explicaciones de sus profesores.

Las opiniones de ambas madres evidencian una diferencia fundamental, mientras que, para Brenda, aceptar la custodia de un teléfono implica que la escuela deba responder por él; para Mariana, el incumplimiento de las reglas debe ser asumido por quienes deciden llevar el aparato.

No obstante, estas posturas expresan las expectativas de las familias y no establecen por sí mismas una obligación jurídica. La responsabilidad por una pérdida o daño tendría que analizarse conforme a las circunstancias del caso, las condiciones de custodia y las disposiciones aplicables.

El caso de Keiti: un celular necesario durante un trayecto de 50 minutos

Por su parte, Carmen Montaño, madre de dos estudiantes, considera fundamental que su hija Keiti, de 14 años y alumna de tercero de secundaria, pueda mantenerse en comunicación con su familia durante el trayecto de la escuela a su domicilio.

La adolescente lleva celular desde primero de secundaria y utiliza transporte para desplazarse a un plantel ubicado a aproximadamente 50 minutos de su casa.

Carmen explicó que el dispositivo ha sido importante en situaciones extraordinarias. Recordó que, durante un episodio de lluvias intensas e inundaciones ocurrido meses atrás, surgieron complicaciones en el traslado y el teléfono permitió que Keiti mantuviera comunicación con su familia para informar sobre su situación.

"Yo creo que a estos grados sí es importante, sobre todo cuando los niños van un poco retirados de las escuelas y se van en transporte", comentó.

La madre no se opone a limitar el uso del celular durante las clases o los recreos. De hecho, explicó que su hija conoce desde hace tiempo las reglas de la secundaria y que normalmente no utiliza el dispositivo dentro del salón, salvo en situaciones de emergencia.

Su preocupación está relacionada con lo que ocurre antes y después de la jornada escolar.

"Aquí lo preocupante es en el momento en que los niños salen y se vienen en su propio transporte hacia su domicilio. Si les llegara a pasar alguna cosa, pues no habría manera de comunicarse con ellos", señaló.

Por ello, Carmen considera viable que los estudiantes entreguen sus teléfonos al ingresar al plantel y los recuperen cuando terminen las clases.

"Sería una buena opción el que, en el momento que ellos ingresen, depositen su celular en algún lugar donde se llegue al acuerdo y posteriormente, a la hora de la salida, tomar su celular y regresarse", explicó.

La propuesta permitiría mantener los dispositivos fuera de las actividades escolares sin eliminar su disponibilidad durante los traslados.

Carmen también recordó que la secundaria de Keiti ya había aplicado medidas de resguardo cuando algún estudiante utilizaba indebidamente el teléfono: los profesores lo retiraban y lo conservaban hasta que un padre o tutor acudía personalmente a recogerlo.

Sin embargo, considera necesario que las escuelas establezcan acuerdos específicos para los estudiantes que viajan solos, utilizan transporte o viven lejos del plantel.

Incluso propuso identificar las condiciones de traslado y la distancia entre los domicilios y las escuelas para determinar qué alumnos podrían necesitar llevar un dispositivo bajo responsabilidad de sus familias.

La situación es diferente con su hijo de 11 años, estudiante de primaria, quien nunca ha llevado celular a la escuela. Carmen explicó que durante los seis años que ha cursado ese nivel educativo ha mantenido comunicación con el plantel mediante números de emergencia y procedimientos de identificación para recoger a los alumnos.

Esta diferencia entre sus dos hijos, señaló, explica por qué considera necesario distinguir las necesidades de los estudiantes antes de definir cómo se aplicarán las restricciones.

Retención hasta fin de curso: las sanciones que ya comunican algunas escuelas

El manejo de los dispositivos también abre interrogantes sobre las medidas que podrían aplicar los planteles cuando los estudiantes incumplan las reglas.

Mariana Villar relató que durante una reunión escolar, realizada antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo, las autoridades del plantel informaron que los teléfonos encontrados en posesión de los alumnos serían retirados y que los padres tendrían que acudir a recuperarlos.

Según su testimonio, también se les advirtió que, ante incumplimientos reiterados, los dispositivos podrían permanecer retenidos hasta finalizar el ciclo escolar.

La declaración resulta relevante porque supone un periodo de custodia considerablemente mayor al de una jornada escolar y plantea preguntas sobre el almacenamiento, la devolución y las responsabilidades ante un posible daño o extravío.

Sin embargo, la retención hasta fin de curso corresponde a una medida que Mariana afirma que fue comunicada por su escuela; no es una sanción general establecida en el acuerdo federal.

La propia entrevistada considera que los padres deben respaldar las reglas de los planteles y evitar que sus hijos lleven dispositivos cuando no son necesarios.

En contraste, Brenda cuestiona que las escuelas deban asumir el almacenamiento de numerosos teléfonos, mientras que Carmen considera que un resguardo temporal, con devolución al finalizar las clases, podría resolver las necesidades de comunicación de estudiantes como Keiti.

Las tres posturas muestran que la discusión no se limita a permitir o impedir el uso de celulares, sino también a definir procedimientos de custodia que resulten claros y viables para las familias y las autoridades escolares.

¿Qué establece la SEP sobre los teléfonos que llegan a las escuelas?

El Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que las escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria deberán restringir el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros aparatos electrónicos personales durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

La disposición contempla excepciones para actividades pedagógicas previamente programadas por los docentes, situaciones de emergencia y necesidades relacionadas con salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

Una distinción fundamental es que el acuerdo federal restringe el uso de los dispositivos, pero no establece una prohibición general de portarlos.

Tampoco impone a todas las escuelas de educación básica un mismo procedimiento de entrega, almacenamiento o devolución de teléfonos, ni determina expresamente quién debe indemnizar a una familia cuando un aparato se pierde o resulta dañado durante su resguardo.

Para educación media superior, el documento contempla expresamente que las comunidades escolares puedan establecer medidas como guardar dispositivos, delimitar horarios y espacios de utilización o acordar su uso exclusivamente con fines pedagógicos.

En educación básica, las autoridades y comunidades escolares deberán organizar la aplicación de las restricciones conforme al acuerdo y las disposiciones correspondientes, respetando las excepciones previstas.

El documento también establece que la implementación debe privilegiar un enfoque educativo, preventivo y comunitario, por encima de respuestas exclusivamente punitivas.

En su decálogo orientativo para educación básica, la SEP recomienda que los estudiantes dejen sus dispositivos en casa o los mantengan guardados y promueve el cumplimiento de las reglas sin recurrir a regaños ni castigos como principal mecanismo

UNAM advierte riesgos de aplicar restricciones sin acuerdos

Sebastián Plá Pérez, investigador del IISUE-UNAM, advirtió que la aplicación de las restricciones no debería partir de la idea de que los estudiantes necesariamente buscarán incumplir las disposiciones.

El especialista consideró fundamental que las escuelas escuchen a los alumnos y a sus familias antes de establecer mecanismos disciplinarios, particularmente porque las condiciones y necesidades no son iguales en todos los planteles.

En entrevista con El Economista, señaló que el diálogo y los acuerdos escolares pueden ayudar a evitar conflictos relacionados con el uso de dispositivos y su eventual retiro.

También destacó que la regulación debe distinguir entre utilizar un teléfono durante las clases y necesitarlo para determinadas circunstancias, como la comunicación con la familia.

Para Plá, uno de los errores sería recurrir directamente a castigos, decomisos o suspensiones sin haber construido previamente acuerdos con la comunidad educativa.

Janneth Trejo Quintana, investigadora del mismo instituto, explicó que la entrada en vigor de las nuevas reglas podría generar un periodo de adaptación en el que surgirán dudas, inconformidades y situaciones no previstas inicialmente.

La especialista consideró necesario que las escuelas expliquen con claridad las condiciones de aplicación y que las familias participen en la construcción de hábitos de uso responsable.

"La autorregulación también se tiene que enseñar", sostuvo.

Aunque esta responsabilidad va más allá del resguardo físico de los teléfonos, Trejo señaló que las restricciones deben acompañarse de orientación y acuerdos para que los estudiantes comprendan cuándo y con qué propósito pueden utilizar sus dispositivos.

El acuerdo de la SEP contempla asambleas con las comunidades escolares, así como espacios semestrales de seguimiento y retroalimentación para revisar su implementación.

En ese contexto, las diferencias entre las familias entrevistadas evidencian la necesidad de resolver aspectos prácticos antes de aplicar medidas de custodia: si los alumnos podrán conservar el teléfono apagado, si deberán entregarlo al ingresar, quién lo recibirá, cómo será devuelto y qué procedimiento se seguirá ante una pérdida o daño.

Para Carmen, un sistema de resguardo con devolución a la salida podría garantizar la comunicación de Keiti durante sus traslados. Brenda preferiría evitar que las escuelas almacenen dispositivos, mientras que Mariana considera que respetar las reglas debe ser una responsabilidad de los padres.

Así, el desafío que comenzará el 3 de noviembre no será únicamente mantener los celulares fuera de las actividades escolares. También implicará definir mecanismos de resguardo que no generen nuevas disputas entre alumnos, familias y autoridades educativas, particularmente cuando los dispositivos cumplen una función de comunicación y seguridad fuera del plantel.