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Protestas por el agua en Jalisco: investigan uso de gases, detenciones y presuntas agresiones a jóvenes
La CNDH atrajo la investigación por posibles violaciones a derechos humanos durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara.
Sheinbaum pide identificar responsabilidades
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por presuntos abusos policiales durante las protestas por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, realizadas el pasado 11 de octubre, en las que se denunciaron agresiones contra jóvenes, detenciones arbitrarias y el uso de gases y chorros de agua para dispersar a manifestantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina del jueves 15 de octubre que el organismo nacional ya investiga los acontecimientos y que la Secretaría de Gobernación acompañará las diligencias dentro del ámbito de sus atribuciones.
La mandataria explicó que las indagatorias deberán abarcar tanto la actuación de los cuerpos de seguridad durante la movilización como las condiciones en las que fueron detenidos algunos participantes.
"Desde el uso del agua y los gases en la marcha hasta la detención de algunos jóvenes que fueron principalmente golpeados", señaló al referirse a los hechos que deberán esclarecerse.
La intervención federal ocurre después de que la protesta por el suministro de agua limpia en el Área Metropolitana de Guadalajara derivara en enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la Policía estatal, así como en denuncias de uso excesivo de la fuerza.
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CNDH atrae investigación por presuntos abusos policiales
La CNDH informó el 15 de octubre que ejerció su facultad de atracción para investigar posibles violaciones a derechos humanos ocurridas durante y después de la manifestación del domingo 11 de octubre.
El organismo notificó a la Fiscalía General del Estado de Jalisco sobre su intervención y anunció que dará prioridad a las declaraciones y entrevistas de las personas afectadas, además de revisar las carpetas de investigación relacionadas con las detenciones.
Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran las denuncias de posibles actos de tortura, las condiciones en las que permanecieron las personas detenidas y eventuales irregularidades en el acceso a una defensa jurídica adecuada.
La investigación también deberá determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los elementos de seguridad y establecer las responsabilidades correspondientes.
Hasta el momento, las denuncias de tortura y otras agresiones constituyen señalamientos sujetos a investigación, por lo que no existe una conclusión definitiva del organismo nacional sobre la responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
Previamente, el 12 de octubre, la CNDH había llamado a las autoridades de Jalisco a garantizar el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y la reunión pacífica.
En su posicionamiento, el organismo advirtió que la actuación de las fuerzas de seguridad debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
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¿Qué ocurrió durante la protesta por el agua en Guadalajara?
La movilización del 11 de octubre fue convocada por ciudadanos que exigían soluciones al deterioro de la calidad del agua suministrada en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Los participantes partieron de la Glorieta de La Minerva con dirección a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde se registraron enfrentamientos con elementos de seguridad.
Durante el operativo se reportó el uso de gases y chorros de agua a presión para dispersar a las personas congregadas, así como detenciones y lesiones entre algunos participantes.
La CNDH señaló que las denuncias deben analizarse considerando el contexto de inconformidad ciudadana por los problemas prolongados de calidad del agua potable.
El organismo también recordó que las autoridades tienen la obligación de garantizar que las manifestaciones pacíficas puedan desarrollarse sin vulneraciones a los derechos humanos.
La actuación policial provocó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de las personas detenidas, particularmente por las denuncias de agresiones durante los arrestos y posteriores traslados.
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Investigan a 17 policías; detenciones también generan cuestionamientos
En paralelo a la intervención de la CNDH, las autoridades de Jalisco iniciaron procedimientos internos para revisar la actuación de los elementos que participaron en el operativo.
El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, informó que fueron identificados 17 policías cuya conducta es investigada por posibles irregularidades en el uso de la fuerza.
Las indagatorias podrían derivar en sanciones administrativas y en la revisión de las responsabilidades de los mandos, dependiendo de los resultados.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus anunció la liberación de las 39 personas detenidas durante los acontecimientos. No obstante, la puesta en libertad no implica necesariamente la conclusión de los procedimientos judiciales que pudieran mantenerse abiertos.
La revisión de estos expedientes constituye otro de los aspectos relevantes para determinar si las detenciones se realizaron conforme a la ley y si se respetaron los derechos de las personas involucradas.
Comisión Estatal de Derechos Humanos dicta medidas cautelares
Antes de la intervención del organismo nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) abrió el acta de investigación 41/2026 para dar seguimiento a los hechos ocurridos frente a Casa Jalisco.
La comisión estatal también dictó medidas cautelares dirigidas a proteger la integridad y los derechos de las personas detenidas, así como garantizar la atención médica correspondiente.
Las medidas contemplaron la protección de los derechos de manifestantes y elementos policiales lesionados, además del acompañamiento a familiares de las personas involucradas.
La actuación de ambos organismos busca esclarecer los hechos y determinar las posibles violaciones a derechos humanos, sin sustituir las investigaciones penales o administrativas que correspondan a otras autoridades.
Sheinbaum pide identificar responsabilidades
Desde el 14 de octubre, Sheinbaum había solicitado que se investigaran a fondo las denuncias de agresiones y posibles actos de tortura contra jóvenes detenidos durante la manifestación.
La presidenta sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a identificar a los elementos que participaron directamente en los hechos, sino establecer si existieron órdenes o decisiones de mandos superiores relacionadas con posibles abusos.
Durante la conferencia del jueves reiteró que la CNDH ya realiza las diligencias correspondientes y que Gobernación podrá acompañar el proceso dentro de sus facultades.
En paralelo, el Gobierno federal mantiene conversaciones con Conagua para evaluar dos proyectos de infraestructura hidráulica relacionados con las necesidades de abastecimiento de Jalisco.
Sheinbaum explicó que las propuestas todavía requieren una revisión técnica adicional antes de definir posibles aportaciones federales y dialogar con el gobernador Pablo Lemus.
De esta manera, las autoridades enfrentan dos procesos distintos derivados de la problemática del agua en Guadalajara: por un lado, la evaluación de alternativas para mejorar el suministro y, por otro, las investigaciones sobre la actuación de los cuerpos de seguridad durante las movilizaciones ciudadanas.
El resultado de las indagatorias de derechos humanos será determinante para establecer si hubo responsabilidades individuales o institucionales y qué medidas deberán adoptarse para evitar nuevos abusos durante el ejercicio del derecho a la protesta.
