ONG denuncia que la tortura persiste como mecanismo recurrente de las autoridades de Chiapas

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, familiares de personas privadas de la libertad en Chiapas denunciaron públicamente la persistencia de la tortura como práctica sistemática por parte de autoridades ministeriales en el estado, y exigieron la liberación de sus seres queridos, así como justicia y reparación para las víctimas.

Reunidos los días 28 y 29 de junio en San Cristóbal de Las Casas, integrantes de la organización Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento colectivo en el que relataron los métodos de tortura sufridos por sus familiares, muchos de ellos originarios de pueblos indígenas o pertenecientes a comunidades campesinas empobrecidas.

“Los actos de tortura que sufrimos comenzaron desde el momento mismo de nuestra detención, con intimidaciones, amenazas y violencia por parte de agentes ministeriales. Los vehículos en los que fuimos trasladados, las orillas de las carreteras, ríos, lotes baldíos, casas abandonadas e incluso las propias oficinas de las fiscalías se convirtieron en espacios de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, denunciaron.

Algunos de los casos señalados fueron los de Rigoberto Vázquez Méndez, los hermanos Freddy y Jeison Miguel Martínez Jiménez, Yonny Ronay Chacón González, Pedro Pérez Jiménez, Versaín Velasco García y Jorge López Montoya, todos ellos, según la organización, detenidos de forma violenta, torturados y encarcelados de manera injusta. Las familias exigen la resolución inmediata de sus recursos legales y su libertad plena.

Por otro lado, el colectivo de familiares sostuvo que la tortura en Chiapas no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática vinculada a violaciones del debido proceso legal y a la falta de garantías de integridad y seguridad para los detenidos. Además, subrayaron que la criminalización de personas de origen indígena y en situación de pobreza es un patrón recurrente.

“Exigimos al Estado garantice la seguridad e integridad física y psicológica tanto de nuestros familiares como de las demás personas recluidas en los Centros penitenciarios. Que brinde alimentación adecuada, cuidados médicos necesarios y atención óptima; evite castigos y aislamiento a nuestros familiares, ya que estas prácticas pueden seguir siendo actos de tortura que lastima la dignidad humana”, solicitaron los familiares de víctimas.