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Mandan a 1,000 militares y guardias tras ataques del narco
El gobierno federal informó que como parte del operativo fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades y 200 policías estatales con 34 patrullas, además de cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.
Colectivos reunidos ayer en las inmediaciones de Gobernación pidieron que se atienda la crisis de violencia en Guerrero.
Los gobiernos federal y de Guerrero afirmaron que tomaron el control de la zona de conflicto en el municipio de Chilapa de Álvarez, luego de varios días de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y desplazamientos de familias en comunidades de la montaña baja.
Mediante un comunicado conjunto, las autoridades señalaron que las fuerzas federales y estatales lograron restablecer el diálogo con pobladores y liberar caminos bloqueados en el corredor comunitario de la región, particularmente en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo.
Como parte del operativo fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades y 200 policías estatales con 34 patrullas, además de cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.
Las autoridades reportaron que 120 personas desplazadas decidieron permanecer en sus comunidades y no ser trasladadas a albergues, por lo que recibieron colchonetas, cobertores, generadores eléctricos y alimentos. También se informó que seis personas lesionadas fueron atendidas en hospitales del IMSS-Bienestar.
Centro de mando
En Chilpancingo se instaló un Centro de Mando encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con mandos militares, representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales.
Más temprano ayer durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó que la situación era complicada.
“Es muy delicado. La autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía”, afirmó el funcionario, quien explicó que el despliegue de fuerzas federales se ha realizado con cautela para evitar enfrentamientos que puedan poner en riesgo a la población civil.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la prioridad del gobierno es garantizar la salida de personas heridas y proteger a la población antes de intensificar las acciones de seguridad.
“Hay personas heridas adentro de (…) Son tres poblados”, precisó la mandataria.
Denuncias y situación
Por la tarde de ayer colectivos se manifestaron en la Secretaría de Gobernación con el fin de que apoye a las comunidades que se presentan en conflicto.
El pasado lunes, el Consejo Nacional Indígena afirmó que comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) han sido hostigadas por el grupo criminal de Los Ardillos.
Añadió que hasta el momento sumaban al menos 25 personas desaparecidas de la CIPOG-EZ y 76 muertes.
En este contexto, ayer por la mañana el secretario de Seguridad García Harfuch afirmó que la violencia en la región deriva, principalmente, de la disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, dedicados al narcotráfico y la extorsión.
Mientras que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, dijo que sostuvo comunicación con líderes de los grupos en conflicto y acordó priorizar el diálogo para permitir la atención de heridos y desplazados.