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Política prohibicionista reduce las libertades constitucionales
Un análisis del CESOP expone que la política prohibicionista contraviene el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La autoproducción y consumo de la mariguana deben legislarse a partir de la interdependencia de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la salud y la seguridad, establece un reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
Sobre todo, refiere, tras la sentencia de inconstitucionalidad dictada en la materia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que de acuerdo con dicho fallo, la política prohibicionista en el consumo individual de la mariguana contraviene el derecho al libre desarrollo de la personalidad y viola el principio de interdependencia de las garantías individuales.
De ahí que el máximo tribunal del país declaró inconstitucional la prohibición del consumo personal del citado enervante con fines lúdicos.
En el estudio, Zara Snapp, de la ONG Global Commission on Drug Policy, responsabiliza a la política prohibicionista de la creación de un mercado criminal con un valor aproximado de 320,000 millones de dólares.
Para Alejandro Madrazo Lajous, investigador del CIDE, la política prohibicionista supone la reducción de libertades constitucionales y derechos fundamentales, concluye el reporte del CESOP.