Monreal: Senado retomará tema de prohibición para trabajar en la IP para fijar un nuevo plazo

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que eliminó la prohibición de diez años a funcionarios públicos de mando superior para trabajar en la iniciativa privada después de concluir el cargo, la Cámara de Senadores retomará el tema para fijar un nuevo plazo, anunció Ricardo Monreal Ávila.

“La norma tiene sentido y una naturaleza explícita para que saliendo del gobierno no sirvan a intereses distintos a los de la República".

“Entonces, quizá disminuyendo los años pudiera reformarse la ley y tratar de generar un tiempo de imposibilidad para que un funcionario de alto nivel se emplee en empresas privadas, cuya naturaleza ponga en riesgo la información que manejaba”.

A pregunta específica sobre cuál sería el plazo a proponer, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara alta respondió que podría ser cinco años.

“Estaba planteado así en un principio, y al final se agregó a diez, pero estaba así planteado en el proyecto original. Lo vamos a retomar”, dijo Monreal Ávila.

Desde la óptica del también coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, las enmiendas en la materia son indispensables para evitar que los servidores públicos de mando superior hagan mal uso de información del Estado.

El máximo tribunal del país resolvió el pasado lunes la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, enmienda promulgada en 2019, que establece:

“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del gobierno federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.

La Corte invalidó la referida enmienda al resolver la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de la oposición.