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Convenio de Estrasburgo viola principio de reciprocidad: CNDH
El presidente, José Luis Soberanes, envió una carta al Ejecutivo federal en la que solicita se impida la repatriación de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro en México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al presidente Felipe Calderón que México renuncie al convenio de Estrasburgo, mediante el cual se permitiría la repatriación de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien purga una condena 60 años acusada de secuestro.
José Luis Soberanes, ombudsman mexicano, envió una carta al mandatario para pedirle que "someta a la autorización del senado de la república la salida unilateral de México del referido convenio" debido a que no cumple con el principio de reciprocidad, dijo el domingo en comunicado la CNDH.
El gobierno francés solicitó al mexicano el traslado de Cassez a Francia, en base a la convención de Estrasburgo o Convenio Sobre el Traslado de Personas Condenadas, para que la mujer de nacionalidad francesa purgue en su país su condena.
Ambos gobiernos anunciaron el 9 de marzo pasado, durante la visista del presidente Nicolas Sarkozy a México, la creación de un grupo de trabajo jurídico franco-mexicano para examinar el traslado a Francia de Florence Cassez, cuyo plazo para tomar una decisión vence esta semana.
La CNDH realizó un estudio sobre las implicaciones jurídicas derivadas del caso de Cassez, en el que determinó que el artículo 9 de la convención establece que el país receptor podría cambiar la sentencia e incluso otorgar el "indulto, la amnistía o conmutación de la pena" al reo repatriado.
Sin embargo, al momento de adherirse a la convención, México realizó una declaración que lo obliga a no cambiar ni reducir la sentencia de un mexicano preso en el exterior que sea trasladado a su territorio, lo cual constituye "una violación a los principios de reciprocidad internacional", argumentó la comisión.
Cassez está presa en una cárcel de la capital mexicana desde hace más de tres años después de ser condenada a 60 años de cárcel por participar en un secuestro, del que dice ser inocente.
Su posible traslado a Francia ha causado reacciones en México, donde cada año se registran 8.000 casos de secuestros y la población manifiesta su hastío ante la violencia.
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