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Rumbo a 2032. La consolidación fiscal no se logra con buenos deseos
Carlos Hurtado | Columna Invitada
En entregas anteriores advertí que el Paquete Económico 2027 nos aproxima a la insostenibilidad fiscal, con una consolidación (reducción del déficit fiscal) magra atada a proyecciones y asignaciones mediocres. Conviene analizar ahora la visión de mediano y largo plazo que los Criterios de Política Económica plantean hacia el año 2032.
Diversos analistas han celebrado que la proyección de crecimiento del PIB para 2027 (2.0%) sea realista, a diferencia de las sobreestimaciones de años previos. Esto es acertado; sin embargo, proyectar paralelamente un aumento de 5.9% en los ingresos tributarios sin una reforma fiscal de por medio resulta profundamente ambicioso. Si la recaudación suele crecer a una tasa cercana a la del producto, el riesgo de sobreestimación presupuestal persiste.
Prever un crecimiento de 2.0% para 2027 es prudente, pero proyectar esa misma tasa para los siguientes seis años es la aceptación explícita de la mediocridad económica. México crecería menos que el promedio proyectado por el FMI para América Latina y significativamente por debajo del bloque emergente (excluyendo a China e India). Y a menor ritmo que varias economías avanzadas, incluyendo a EU. Por sus ventajas geopolíticas y su brecha de capital respecto economías avanzadas, México debería converger hacia ellas mucho más rápidamente, pero la política no se encamina a ello.
Por su parte, la cúpula empresarial ha calificado de “compromiso firme” la consolidación fiscal en el PPEF 2027. Los datos sugieren otra cosa. La reducción del déficit público proyectada para 2027 es de apenas 0.2 puntos porcentuales del PIB; es el déficit planeado para el siguiente año más alto en décadas, con excepción de 2024. Y se planea una consolidación posterior de apenas 0.8 puntos porcentuales en 6 años, hasta 2032. Eso difícilmente puede considerarse un ajuste serio, menos aún con la deuda coqueteando con niveles de riesgo y ante las contingencias de Pemex.
El plan oficial está diseñado para que la deuda pública (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) se congele en 58.6% del PIB de aquí a 2032. No obstante, este malabarismo depende del supuesto crítico de que el PIB en pesos o nominal crecerá 6.0% anual: 2% real más 4% de “inflación del PIB” (deflactor implícito) sustancialmente superior a la meta de inflación general del 3.0%. Basar la estabilidad fiscal en una inflación del PIB persistentemente mayor a la general es un supuesto extraordinariamente frágil. De fallar, los déficits proyectados llevarán la deuda a rebasar el 60% del PIB, umbral normalmente considerado de riesgo por el Fondo Monetario Internacional, y que ya lo rebasa en su estimación de deuda bruta.
A esta vulnerabilidad se suma la rigidez del gasto. El costo de la deuda como proporción de los ingresos fiscales (indicador utilizado por las calificadoras de crédito) es significativamente mayor a la de otros países emergentes que conservan el grado de inversión.
Al navegar en los límites inferior de las calificaciones crediticias, cualquier desviación en estos supuestos frágiles puede detonar una degradación a bono especulativo, con costos financieros desastrosos para el país.
Una consolidación fiscal mediante decreto y acomodo de supuestos es una ilusión. Posponer las decisiones difíciles no elimina su costo: lo acumula y deja al país cada vez con menos margen.